En un esfuerzo por mantener la transparencia y eliminar las prácticas corruptas en la asignación de contratos públicos, las candidatas de Fuerza y Corazón por Nuevo León Annia Gómez, Lorena de la Garza, Anita González, Perla Villarreal, Cecilia Robledo y Marcela Cavazos han expuesto cómo las conexiones personales y profesionales del gobernador Samuel García han influido en la contratación de proveedores.
En rueda de prensa de detalló el caso de Miguel Ángel Rojas Galván que pasó de empleado de Samuel a funcionario que se roba el dinero de la gente para dárselo a gobernador.
Miguel Ángel Rojas Galván, actor central en esta trama, ha transitado de empleado de Samuel García a representante legal de su campaña al Senado, y ahora a un influyente funcionario en el actual gobierno.
En su cargo como director general Jurídico Tributario del gobierno de Samuel García, otorgó contratos millonarios a ECM Soluciones Fiscales por más de 140 millones de pesos.
Sin embargo, la investigación reveló que no son los únicos, hasta el momento se han descubierto contratos por más de 361 millones de pesos otorgados a ECM Soluciones Fiscales en menos de 2 años, por diversas oficinas del gobierno estatal. Agua y Drenaje de Monterrey pagó 187 millones y la Secretaría de Finanzas pagó casi 35 millones a la empresa relacionada con la familia de Samuel.
Estos montos se suman a los más de 200 millones de pesos que el despacho jurídico del gobernador recibió directamente del gobierno, por el caso de SUMINISTRO MYR, S.A. DE C.V.
Las candidatas lamentaron que, en lugar de utilizar los recursos para resolver el problema del agua o la inseguridad, Samuel se esté robando el dinero de la gente. Ante estos detalles denunciados, destaca que los posibles delitos cometidos van desde ejercicio ilícito de servicio público, peculado y hasta tráfico de influencias.
“Exigimos una investigación exhaustiva y transparente de estos contratos. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada y exigir rendición de cuentas”, finalizaron.
Por su parte el abogado del PAN Daniel Galindo dijo que tienen pensado interponer los recursos jurídicos correspondientes a estas situaciones y otras que realizan no solo el Gobernador, sino personal del gobierno actual.
Añadió que por su parte van más de 200 denuncia y 100 por parte del PRI de las cuales esperan resultados.
Entre los delitos como funcionario está el de peculado, tráfico de influencia, cohecho, abuso indebido de funciones, conflicto de interés, que los pueden llevar a la inhabilitación de funcione, no solo al gobernador sino a otros funcionarios.
Aparte de una sanción penal.
