La presidenta de la Comisión Especial de Vigilancia para el Mantenimiento de los Planteles Educativos en el Congreso local, la diputada Perla Villarreal Valdez, exhortó a la Secretaría de Educación para que permita el acceso a los planteles educativos públicos a personas, instituciones, organizaciones, empresas, asociaciones, diputados y municipios que buscan llevar apoyos tanto a las a escuelas como a los alumnos.
La legisladora priísta destacó que en recientes días se informó que la Secretaría de Educación determinó mediante un oficio que fue circulado a supervisores, inspectores, Jefes de Región y directores de planteles de educación básica, prohibir la entrada a los planteles públicos a personas, instituciones u organizaciones externas a la propia Secretaría y/o Unidad de Integración Educativa.
“El Estado ha demostrado que no se da abasto con la rehabilitación de las escuelas, y que necesita a la sociedad en general, así como a las asociaciones civiles, los municipios, empresas y de distintos actores políticos; por lo que limitar, la entrada a planteles educativos, solamente obstaculizara la gran labor que sigue realizando en conjunto”, afirmó la diputada tricolor.
“Es necesario que las escuelas públicas mantengan el acceso libre como se había mantenido hasta la fecha, pues la idea es beneficiar y no perjudicar”, agregó.
Además, agregó Villarreal Valdez que dicha medida contravendría lo señalado por la Ley de Educación del estado, que en el artículo 23 penúltimo párrafo, expresa que el gobierno estatal promoverá la participación directa del municipio para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales, lo cual refrenda que incluso los gobiernos municipales pueden tener participación en el manteamiento de estos espacios.
“Las medidas impuestas por la Secretaría de Educación, provocarán que se burocraticen más los procedimientos para acceder a rehabilitar, ayudar, dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas; además dificultará el acceso de asociaciones y/o instituciones que buscan beneficiar de distintas formas a los educandos”, apuntó.
“Por lo que la afectación no sería para quienes buscan beneficiar a la comunidad educativa, sino quien al final saldrían perjudicados serían los padres de familia, alumnos y demás personal que conforma dichas instituciones educativas”, aseveró.
