Para hacer frente a la crisis de movilidad y calidad del aire que padecemos los habitantes de Nuevo León, es necesario que las instancias políticas y de gobierno tomen decisiones asertivas y articuladas para que sus esfuerzos abonen con soluciones a las necesidades de la ciudadanía.
En días pasados, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Movilidad para ampliar uno o dos años el periodo de antigüedad permitido para la operación de las unidades de servicio de taxi que cuentan con más de 10 años en circulación, lo mismo ocurrió con los autobuses que prestan el servicio de transporte público en ruta fija y se han dado otros eventos que apuntan a una política sin foco y sin transversalidad. En esta última categoría se puede citar el aliento, tácito o no, al transporte de personal y la negativa, sin justificación explícita, a revisar las tarifas de los distintos tipos de servicios, incluyendo los taxis, por muchos años.
Esta última decisión, y el conjunto de las citadas, no se basan en ningún estudio técnico serio, que evalúe y evidencie los posibles impactos negativos que una política pública de esta naturaleza pueda generar; de hecho son parte del origen de la crisis que hoy vivimos.
Desde el Consejo Cívico podemos ver que negar revisiones de tarifa, alentar medios menos eficientes o ampliar antigüedad a vehículos de transporte público impacta directamente la cantidad y calidad de los servicios. Una política desarticulada y sin foco también produce y amplia externalidades negativas, vehículos más viejos forzosamente producen más gases índice y más gases efecto invernadero, también son más inseguros y desalientan su uso. Los usuarios pierden y todos, como sociedad, perdemos.
De acuerdo a la Encuesta Así Vamos 2022 de Cómo Vamos Nuevo León, para el 30.2% de la población el transporte y la contaminación del aire es el principal problema medioambiental que enfrenta Nuevo León. En este sentido, 8 de cada 10 habitantes del estado está de acuerdo con que se implementen medidas para mejorar el aire, entre los que destaca invertir más en transporte público y menos en infraestructura para el automóvil 75.5%; retirar de circulación a vehículos contaminantes 72.1%; y reducir espacio para el auto en favor de carril exclusivo para bicicleta con 67.8%. Por ende, la reforma que realizaron los legisladores va en sentido contrario al sentir de la ciudadanía al respecto del problema de calidad del aire.
Las problemáticas de nuestra metrópoli son complejas, y sistémicas. Es una irresponsabilidad tomar decisiones de política pública desvinculadas, sin datos, y sin una evaluación integral de sus impactos. En temas de movilidad, los legisladores deben realizar mesas de consulta con expertos de la academia, de la sociedad civil, así como la participación del Instituto de Movilidad y Accesibilidad y de los municipios, antes de reformar leyes. Esto evitará que las reformas afecten políticas públicas ya en marcha como por ejemplo el nuevo PIGECA, o los planes de reestructuración del sistema de transporte público.
Desde el Consejo Cívico manifestamos nuestro desacuerdo con las decisiones aisladas y contraproducentes en esta materia, y llamamos a las autoridades responsables a trabajar con una visión integral y coordinada para que su acciones abonen a las soluciones que hoy la ciudadanía exige.
