La creciente violencia de género que enfrentan las mujeres y las infancias en Nuevo León demanda que el gobierno estatal y los municipios no desatiendan la necesidad de contar con programas estatal y municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que establezca e instrumente políticas públicas y acciones integrales, acompañados de presupuestos más sustanciales.
Desde el año 2021, hemos compartido esta preocupación tanto con la Secretaría de Igualdad e Inclusión como con la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, ya que Nuevo León nunca ha contado con este tipo de políticas públicas enfocadas a atender las causas raíces de los problemas de violencia, ni han contado con un financiamiento suficiente con respecto al tamaño de la problemática. Ello a pesar de que se aprobó una Ley en el 2016, que no se ha traducido en políticas públicas.
En Nuevo León, durante el primer trimestre de 2023 se registraron 947 delitos sexuales, lo que representa un incremento de 19% respecto al mismo periodo de 2022, de acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Si se compara con el mismo periodo febrero-marzo del 2023, la incidencia presenta incrementos de hasta 80%.
De acuerdo con la encuesta Así Vamos Nuevo León 2022 un 37.8% de la ciudadanía considera que la violencia contra las mujeres dentro de los hogares ocurre frecuentemente o siempre, y un 32.5% lo considera así en la vía pública. Las violencias se ven reflejadas en una cantidad cada vez mayor de acosos escolares, violencia familiar y delitos que impactan a niñas, niños y adolescentes; sin contar con los casos de violencia comunitaria, de abandono y otros que ni siquiera son denunciados ante la Fiscalía de Justicia.
A pesar de ello, desde hace varios sexenios, se han priorizado las estrategias de reacción ante hechos consumados. El patrullaje, la inteligencia policial, pueden dar resultados en ciertos delitos como los robos, u homicidios. Si bien estos enfoques son necesarios, es indispensable que todos los actores sociales y políticos nos demos cuenta que esta fórmula ha sido totalmente insuficiente en México para detener el crecimiento de la violencia y de la delincuencia. Tampoco se ha reducido el consumo de sustancias adictivas, ni los padecimientos de salud mental, factores que alimentan los comportamientos violentos.
Desde la perspectiva de Consejo Cívico y de muchos de nuestros asociados; el gobierno estatal puede liderar nuevas estrategias con un enfoque distinto, al establecer políticas públicas innovadoras, que atiendan las causas de origen de la violencia, los factores de riesgo y promuevan factores de protección.
El primer paso de este cambio se puede dar al presentar al Consejo Estatal para la Prevención una propuesta de Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2023-2027, para que sea enriquecida y aprobada por los participantes de dicho Consejo, y así poder empezar a instrumentar las políticas públicas correspondientes, de la mano con los municipios y la sociedad civil, para que gradualmente empecemos a ver los resultados de este cambio de paradigma en el actual sexenio.
