Con el fin de garantizar los recursos para la educación pública y los servicios educativos a nivel nacional, la diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, propuso una reforma a la Ley General de Educación.
Dicha reforma consiste en adicionar un tercer párrafo al artículo 123 de la citada Ley, en donde se destaca que se deberá destinar un 8 por ciento del Producto Interno Bruto a este rubro, y de este porcentaje, un 1 por ciento deberá destinarse a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Publicas.
“El panorama general de la educación en México es el de un entorno que enfrenta muchos problemas, deficiente tanto en el nivel de educación de la población, como en términos de la calidad del aprendizaje del estudiante en las escuelas, así como en la eficiencia terminal: situaciones todas que inciden en el nivel de los profesionistas”, consideró la legisladora.
Señaló que el motivo de la iniciativa de reforma es porque la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que “nos caracteriza como seres humanos”.
Asimismo, dijo, es importante tener presente que, a fin de realmente elevar la calidad educativa en México, es necesario no sólo garantizar un presupuesto suficiente año tras año, sino revisar la distribución de éste, ya que actualmente el 95 por ciento del presupuesto destinado a la educación es dirigido a gasto corriente, es decir, eminentemente salarios.
Agregó que en México 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más están en riesgo de dejarla por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Además, los niños y niñas que sí van a la escuela tienen un aprovechamiento bajo de los contenidos impartidos en la educación básica obligatoria.
Por ello, dijo, debe erigirse como una tarea permanente de la cámara de diputados, particularmente durante las discusiones anuales, para la etiquetación de programas y líneas de acción en materia de modernización educativa.
La reforma quedaría de la siguiente manera: el ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.
El presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al asignado en el ejercicio fiscal anterior. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.
