La reforma constitucional que establece modificaciones al proceso de nombramiento del Fiscal General de Justicia de Nuevo León, genera de facto una dependencia del titular de esta institución con el Congreso del estado, y vulnera la autonomía del organismo y la división de poderes indispensable para un estado de derecho óptimo.
Esta iniciativa aprobada en primera vuelta en diciembre pasado por el Legislativo busca eliminar la facultad de veto por parte del Ejecutivo en la selección del Fiscal de Nuevo León.
Hay que recordar que esta reforma constitucional y la nueva Ley de la Fiscalía de Nuevo León fueron avances a nivel nacional, y fuimos uno de los primeros estados en contar con una Fiscalía realmente autónoma. La reforma fue impulsada por la sociedad civil organizada, con apoyo de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales y el liderazgo de la Coalición Anticorrupción.
De concretarse los cambios a 27 artículos constitucionales, no sólo se eliminará la participación del Gobernador en la selección del Fiscal General, sino que además la designación del Secretario de Finanzas y del Secretario General de Gobierno serán controladas por el poder Legislativo local, lo cual es una grave invasión de poderes.
Al querer concentrar poderes y atribuciones, el Legislativo está vulnerando las bases y los principios fundamentales de la separación de poderes que constituyen el cimiento de la democracia. Como se observa a nivel federal, pareciera que a nivel local la dinámica política va más en sentido de los intereses partidistas que de los principios democráticos y la estabilidad de nuestro estado.
Desde Consejo Cívico externamos nuestra preocupación por la clara invasión de poderes que estas reformas implican y el riesgo en la procuración de justicia, seguridad, transparencia y rendición de cuentas que un estado de derecho óptimo requiere. Exigimos al Pleno del Congreso no aprobar estas reformas constitucionales que afectan el ejercicio de nuestra democracia en Nuevo León.
