Con el fin de prevenir y combatir con mayor eficacia los hechos violentos dentro y fuera de los planteles educativos, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó iniciativa de reforma a la ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, dado que actualmente es omisa para fijar sanciones específicas.
La propuesta responde a los hechos suscitados el pasado 18 de enero, cuando un menor de trece años de edad, quien desde hace tiempo era víctima de bullying, fue golpeado y acuchillado en calles de la colonia Real de San José, tercer sector, en el municipio de Juárez, después de ser perseguido y alcanzado por compañeros de la Secundaria 9.
Treviño Cantú explicó que, actualmente, la ley no especifica sanciones, sino que las deja a criterio de las autoridades escolares, lo que podría derivar en impunidad y reincidencia en contra del agredido.
“Los hechos ocurridos en la Secundaria 9 del municipio de Juárez nos obligan a actuar desde el Congreso del Estado, porque no podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir, cuando el estudiante estuvo en riesgo de perder la vida, tenemos que velar por el interés superior del menor”, expuso.
“Estoy proponiendo una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar para establecer sanciones claras, como la amonestación privada, la suspensión de asistencia a clases de 1 a 7 días y la transferencia de grupo, turno u otra escuela para los estudiantes agresores” puntualizó.
Treviño Cantú explicó que la reforma también plantea la posibilidad de canalizar a los acosadores a instituciones de apoyo psicológico; y en caso de que el agresor sea un docente o autoridad escolar se daría vista a la autoridad correspondiente.
“Además, los padres de familia o tutores de los generadores de acoso escolar tendrán la obligación de llevar a estos a los tratamientos psicológicos y médicos recomendados por las autoridades a fin de atender la problemática, hasta la conclusión de la terapia”, añadió.
El coordinador priísta enfatizó que se tiene que subsanar una omisión en el marco legal actual, ya que las sanciones no están definidas, sino que el artículo 69 de la ley, únicamente, plantea parámetros generales para la aplicar medidas disciplinarias a los alumnos que tienen mala conducta.
“Por eso también estoy proponiendo que cuando, por la gravedad de la conducta de acoso escolar, se realice la comisión de algún delito, cualquier persona que tenga conocimiento podrá denunciar los hechos ante la autoridad ministerial competente”, indicó.
La iniciativa, que ya fue presentada en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, contempla modificar los artículos 67, 68 y 69, además se adicionan los artículos 67 Bis, 68 Bis, 69 Bis, 69 Bis I y 69 Bis II, en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado.
“La reforma que propongo busca reafirmar el compromiso de que todas las escuelas del Estado y sus alrededores sean espacios seguros, para que los estudiantes neoleoneses gocen de un desarrollo integral, con un respeto irrestricto de sus derechos fundamentales”, refirió Treviño Cantú.
“Es necesario reformar el régimen sancionatorio en materia de acoso escolar para tener herramientas claras y suficientes que permitan aplicar la ley de forma correcta y, sobre todo, proteger la integridad física y mental de nuestros estudiantes”, recalcó.
Una vez que la iniciativa se turne a Comisiones, adelantó, promoverá la realización de mesas de trabajo para enriquecer su propuesta con la participación de autoridades, docentes, expertos, psicólogos, académicos, sociedades de padres de familia y colegios de abogados.
Otros aspectos que contiene la reforma es que se considerarán violaciones a la Ley cuando se realice, tolere o consienta el hostigamiento, acoso, represalias o cualquier otro tipo de violencia dentro o fuera de la escuela.
También se sanciona el ocultar a los padres o tutores de las víctimas los casos de acoso, así como no denunciar o dar aviso oportuno a las autoridades competentes de los incidentes que se realicen al interior o dentro del perímetro de la escuela.
Además, contempla como violencia escolar la tolerancia o introducción a la escuela de cigarros, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas, sustancias u objetos prohibidos; así como dañar intencionalmente los bienes o instalaciones del plantel, así como los bienes de los estudiantes.
Por último, para implementar estos cambios, se establece que los Reglamentos de Disciplina Escolar de cada institución educativa, así como el Plan General de Prevención y los Programas de Atención Integral y de Prevención deberán adecuarse a lo previsto en la reforma en un plazo no mayor a 180 días de su publicación.