El proceso de designación de un nuevo Fiscal General del Estado es la culminación de un proceso manipulado por los partidos políticos, dando como resultado un dictamen de la Comisión Anticorrupción sin metodología ni estándares claros, que pone en la mesa una propuesta de cuatro hombres con una clara vinculación política y laboral entre sí. Incluso uno de ellos actualmente es investigado por casos de corrupción en su paso por la administración pública de Monterrey.
Con la reforma a modo de la Ley del SEA en mayo de este año, se eliminaron los obstáculos y la vigilancia ciudadana a los procesos de designación. El primer paso fue el nombramiento del Comité de Selección, que se realizó sin la guía y vigilancia del grupo ciudadano de Acompañamiento.
Este Comité de Selección elegido por el Pleno del Congreso se instaló en fast track, de igual manera, redactó la convocatoria para lanzar el proceso de selección del Fiscal, a pesar de no ser parte de sus funciones. Sin embargo, este proceso de evaluación a personas candidatas requiere una exhaustiva valoración sobre sus perfiles, experiencia profesional y sobre todo independencia, situación que en los hechos no ocurrió, el Comité de Selección prácticamente se limitó a examinar el cumplimiento o no de los requisitos legales de la mencionada convocatoria, por eso pasó a la Comisión Anticorrupción a 63 que habían entregado su papelería a tiempo y completa.
En este panorama tan poco esperanzador con perfiles cuestionados por la prensa, la sociedad civil y la ciudadanía en general, la procuración de justicia estará en manos de los intereses de los partidos políticos dominantes. Esto es solo el primer paso para dimensionar la gravedad en el tema de las designaciones que el Congreso del Estado tiene en sus manos, ya que el próximo año se estará renovando también a quien encabezará la Auditoría Superior del Estado, el órgano encargado de fiscalizar los recursos públicos, si bajo este mismo criterio se elegirá a la persona titular se corre el riesgo de que se designe un perfil a modo que fomentará más impunidad en la revisión de cuentas, desempeño y gestión de las instituciones públicas.
Ante estos hechos, observamos que grupos políticos involucrados en esta manipulación han dejado de lado lo que es mejor para la comunidad y han ignorado procesos violando la ley. Lo único que, como ciudadanía, podemos hacer, es dejar en claro nuestro rechazo absoluto por la forma en la que estamos siendo gobernados en Nuevo León, que no es digna ni a la altura de nuestro estado.
