Una de las promesas de campaña más sonadas del gobernador Samuel García fue solucionar la crisis de movilidad que atraviesa el área metropolitana de Monterrey. Con este propósito se ha anunciado una inversión histórica en proyectos para enfrentar este reto. Sin embargo, a un año del arranque de su gobierno, las esperanzas de cientos de miles de usuarios del transporte público parecen esfumarse.
El aspecto más preocupante que desde Consejo Cívico hemos observado y comunicado a las autoridades correspondientes, es que no existe un Plan Integral de Movilidad Urbana, que integre objetivos sociales que clarifiquen cómo va a beneficiar la calidad de vida de millones de ciudadanos en el corto, mediano y largo plazo. Se plantearon dos grandes proyectos; la reestructuración del transporte público y las líneas 4, 5 y 6 del metro; sin embargo, por la información que han entregado, se ve que son proyectos separados, sin relación alguna.
Para el área metropolitana se requiere el diseño integrado de una red multimodal de medios masivos motorizados (camión, Metro, BRT) y no motorizados (caminando, bicicleta) que permita al usuario moverse por toda el área conurbada.
De igual manera es de suma importancia el diseño de un plan de desarrollo urbano metropolitano que esté alineado al plan de movilidad.
Si bien hemos escuchado repetidamente hablar de los montos comprometidos para invertir en infraestructura, no se ha clarificado cómo quedarían los ingresos y egresos de todo el sistema ya en operación. No se ha dado a conocer si va a haber un remanente o un déficit, y de ser así, no se ha mostrado de cuánto sería y cómo asegurar que se vaya a solventar.
Por último, es claro que el proyecto está empezando con el pie izquierdo ya que van muy atrasados con la entrega de unidades. De las 1200 unidades, solo han llegado 100, cuando desde el 19 de septiembre debieron haberse entregado 800, más las que se acordaron de entregar en octubre y noviembre en la segunda licitación.
Hacemos un exhorto a las autoridades correspondientes que acepten el esquema de colaboración con especialistas internacionales y organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Ya que, sin una claridad de rumbo y con atrasos en la ejecución, es probable que aún con la inversión histórica que se va a realizar, se termine este sexenio con un problemas mayores de movilidad de los que ya se tienen, disminuyendo cada vez más la demanda del transporte urbano, afectando la calidad de vida de millones de ciudadanos y con una pérdida de competitividad para nuestro estado.
