El requerimiento de un juzgado federal para que el Congreso local y el gobierno del estado informen, en 24 horas o menos, sobre las acciones que se realizaron para seleccionar al Fiscal de Nuevo León, aumenta la posibilidad de que el proceso sea invalidado, aseguraron integrantes de la Bancada Naranja.
La vicecoordinadora, Sandra Pámanes, refirió que el juzgado primero de distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación solicitó a ambos Poderes que informen cuáles han sido las acciones que se tomaron tras las suspensiones provisionales que frenan la designación del nuevo titular de la Fiscalía.
Y es que el proceso quedó en riesgo ya que las bancadas del PRI y PAN actuaron con una violación tras otra, manchando así la designación del Fiscal, lo que se refleja con el requerimiento que se hace al Congreso y al Ejecutivo.
“Es parte de todo el proceso de amparo que nosotros hemos venido señalado y denunciado claramente acerca de aquellos casos que este Congreso podría estar cayendo en un desacato. Imagino que se está comentando de esta solicitud que hace el Juez va con relación a esto, aquellas acciones que no debieron hacerse aplicado y llevado a cabo, y sin embargo este Congreso, junto al Comité de Selección, hicieron caso omiso a lo que estaba señalándose”, dijo Pámanes.
“El proceso amañado y viciado de origen no puede concluir de una manera positiva (…) el presidente del Congreso deberá pedir la información a cada uno de los entes que hayan participado en este proceso. Como el proceso está tan amañado, tan sucio, tan lleno de irregularidades, y con estos amparos por medio de personas que se han venido incomodando, es muy probable que este proceso se caiga completamente”.
Pámanes destacó que la Bancada Naranja no participó en las acciones que son solicitadas por el Juzgado federal.
“Fuimos respetuosos de la situación y no participamos en estas acciones porque sabemos muy bien que estamos atendiendo esta orden judicial que nos señala que no podemos hacer ningún acto que pudiera concluir en esta designación”, afirmó la Vicecoordinadora.
Al respecto, la diputada emecista, Iraís Reyes, señaló que, sobre el proceso, Movimiento Ciudadano ha solicitado información, pero que la Oficialía Mayor del Congreso del Estado se ha negado a otorgar.
“La Dirección Jurídica y la Presidencia del Congreso pueden dar respuesta a este amparo, como lo han hecho a todos los juicios que están en proceso y de los que no se nos ha informado la respuesta oficial que ha dado el Congreso”, comentó la Congresista.
“Cuando se hace de manera precautoria no tendría ninguna responsabilidad porque reconoce que hay una suspensión, pero que lo hace evitando que el proceso avance sin su veto”.
Reyes puntualizó que, como acto precautorio, el ejecutivo está facultado para aplicar el veto a uno de los cuatro seleccionados por el PRIAN para ocupar el cargo de Fiscal.
Aunque coincidió en que, con el requerimiento, es más latente la posibilidad de que el proceso se caiga y tenga que volver a comenzar.
