Derivado de las diversas notas periodísticas en torno al embargo de cuentas y auditorías realizadas a diversos entes, y los últimos acontecimientos públicos, comunicamos lo siguiente:
Cumpliendo el mandato constitucional de que toda persona debe contribuir al pago de impuestos de manera proporcional y equitativa, exhortamos a los diversos entes de gobierno a pagar sus impuestos, sobre todo aquellos que son retenidos a los trabajadores pero que no se pagan a las arcas del Estado.
En acciones de coordinación entre el SATNL y el SAT federal se han detectado omisiones concurrentes y créditos fiscales determinados por no enterar el ISR retenido a los trabajadores de municipios.
Esto, pues diversos funcionarios públicos de municipios han solicitado sus devoluciones del impuesto sobre la renta producto de saldos a favor; sin embargo, no ha sido posible realizar esa devolución al trabajador porque los municipios no han pagado ese impuesto que retienen.
Por otro lado, como efectivamente se ha señalado, existen adeudos considerados como créditos fiscales derivados de falta de pago del impuesto sobre nómina, derechos de control vehicular, adeudos a SIMEPRODE, multas, entre otros.
En términos generales se tienen registros de adeudo por alrededor de 4,000 millones de pesos entre todos los entes de gobierno.
Es importante considerar que si bien el Estado ha cumplido a cabalidad con la entrega de recursos a municipios, estos también deben cumplir con sus obligaciones fiscales.
En el SATNL queremos reafirmar el compromiso que asumimos con los neoloneses de entrarle con todo al combate del lavado de dinero, la compra venta de facturas, el huachicol fiscal, y la corrupción de los gobiernos en todos los niveles, sean municipios, órganos autónomos, privados o asociaciones, incluido el propio gobierno del estado.
Por todo lo anterior, queremos hacerles de conocimiento que a partir del 1 de enero de 2023, entrará en funcionamiento la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Estado, en donde con fundamento en el artículo 33 Bis del Código Fiscal, en Nuevo León no se podrá asignar ninguna licitación, contrato u obra pública del Estado, municipios y organismos autónomos a una empresa que deba impuestos, haya comprado o vendido facturas o simule operaciones.
Con ello, vamos firmes en el camino del combate a la corrupción.
