Aunque la democracia es un proceso en construcción en México, que requiere que de forma continua se mejoren procesos, instituciones, prácticas, que se evalúen resultados, gestión y desempeño, entre otros, en Consejo Cívico rechazamos cualquier cambio que amenace los procesos democráticos construidos desde la ciudadanía y que afecte sus derechos.
La iniciativa de reforma político-electoral en discusión a nivel federal en estos momentos, si bien pone sobre la mesa de discusión aspectos importantes del proceso electoral que se podrían mejorar, también propone cambios que lejos de fortalecer nuestros derechos y democracia, amenazan los avances que se lograron a lo largo de unos 30 años. En este contexto, es importante recordar el largo y sinuoso camino que se ha recorrido en este país para ir conformando una democracia fincada en instituciones sólidas y autónomas, y en el que el papel de la sociedad civil organizada ha tenido un papel primordial. Durante nuestra trayectoria de 47 años, en el Consejo Cívico hemos defendido y trabajado por los intereses ciudadanos y sobre todo en darle peso a su voz y voluntad popular para la construcción de una democracia sólida.
Los aspectos que parecen no abonar a una construcción democrática y de derechos son:
La propuesta de volver a centralizar todas las decisiones de carácter electoral en la capital de la república, desapareciendo los Órganos Públicos Estatales Electorales (en el caso de NL, la Comisión Estatal Electoral). Esto sería un problema para la operación tanto de los comicios estatales, como otros aspectos puntuales: la designación de tiempo aire para cada uno de los partidos, y la resolución de conflictos y denuncias, entre muchas otras cosas. Nos cuestionamos, si un sistema centralizado tendrá la capacidad para manejar lo que hasta ahora se maneja en cada uno de los estados.
Una tendencia a politizar más los órganos electorales, con la elección de magistrados y consejeros del órgano electoral por voto popular, en vez de una selección por méritos, conocimientos o carrera profesional. En lugar de expertos, los cuadros directivos serían políticos profesionales, militantes y activistas. Además, abre la puerta a un financiamiento ilícito de las campañas para estos cargos, permitiendo que la delincuencia organizada se inmiscuye en órganos que hasta hoy han estado protegidos de esta intromisión.
La propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos en años no electorales, arriesga su sobrevivencia, convirtiéndolos exclusivamente en maquinarias para ganar elecciones (lo cual va en contra de su rol como intermediarios, reclutadores de liderazgos sociales y contrapesos al poder de los gobiernos).
Cualquier reforma que se proponga al sistema político electoral mexicano debe ser analizada en foros incluyentes y abiertos a toda la ciudadanía en todos los estados del país, y no concentrada en una pequeña élite política en la capital de la República, en aras de construir y no de destruir los avances históricos en el sistema democrático y judicial del país y los estados.
Es de vital importancia revisar puntualmente el contenido de la reforma electoral propuesta por el presidente desde la trinchera de la sociedad civil organizada. Por ello, invitamos a la sociedad civil organizada y al público en general que esté interesado en conocer el tema y forjar su propia opinión y posición, a asistir al webinar “Reforma electoral: ¿cómo puede afectar a la democracia y a la ciudadanía?” a transmitirse el jueves 10 de noviembre a las 6.30 pm, en el que expertos en el tema analizarán dicha reforma.
Panelistas: Beatriz Camacho, presidenta de la Comisión Estatal Electoral y Jorge Salazar, Consultor Jurídico Nacional.
Moderador: Samuel Ramírez, catedrático de la Universidad de Monterrey
Formato: webinar por zoom (registro por redes sociales)
