Monterrey, N.L.- Tras la revelación de la triangulación y dispersión de recursos públicos del gobierno del Estado de Nuevo León, el Congreso del Estado, exhortó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, para dar trámite legal a estas anomalías detectadas por la Auditoria Superior de la Federación.
La diputada del partido Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez destacó que de acuerdo con la ASF, las transferencias millonarias llegaron al despacho jurídico de familiares del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, lo que hace necesario conocer el origen, y el destino de los recursos involucrados, y así mismo aclarar si hubo alguna consecuencia a la hacienda pública.
“De acuerdo con la información presentada por la Auditoría, se identificaron transferencias millonarias a diversas empresas proveedoras, constructoras y prestadoras de servicios, cuyos recursos posteriormente habrían circulado entre distintas personas morales hasta llegar a un despacho jurídico relacionado con familiares de servidores públicos.
“El esquema presentado por la Auditoría Superior de la Federación expone operaciones que involucran aproximadamente siete mil 212 millones de pesos, lo que hace indispensable conocer con claridad el origen, la trazabilidad y el destino final de los recursos involucrados, así como determinar si existió alguna afectación a la Hacienda Pública”, mencionó Caballero Chávez.
Con el desvió de estos recursos, se pudo avanzar en obras públicas que se han suspendido o siguen en avance lento bajo el argumento que no hay dinero para continuarlas.
“Para dimensionar el impacto, de los siete mil 212 millones de pesos involucrados en la red de triangulación, con esto alcanzaría para construir cerca de seis kilómetros completos de línea del Metro; en términos de infraestructura, este dinero habría alcanzado para financiar prácticamente toda la Línea cuatro del Metro, que contempla un trazado de 7.5 kilómetros, o bien para ejecutar más de la mitad de la proyectada Línea cinco del Metro, estimada entre 7.5 y 11 kilómetros.
“Mientras el gobierno del estado alega falta de recursos frente a las necesidades del poder judicial y la fiscalía general de justicia que requieren más de 13 mil millones de pesos para operar, o frente a los requerimientos de los organismos electorales para la elección de 2027, el dinero devuelto a los despachos privados, tan solo el diez por ciento de este monto, unos 728 millones de pesos bastaría para financiar prácticamente el 90% por ciento de todo el costo del proceso electoral en Nuevo León”, aseguró Caballero Chávez.
La ciudadanía de Nuevo León tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos y, sobre todo, a tener certeza de que cualquier irregularidad detectada sea investigada hasta sus últimas consecuencias, concluyó la diputada Caballero Chávez.
PROPONE CLAUDIA CABALLERO REFORMA A LA LEY AMBIENTAL, PARAGARANTIZAR CONTINUIDAD EN MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
Con motivo de la insuficiencia de información relacionada con la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey, la bancada del Partido Acción Nacional, propuso reforma a la Ley Ambiental del Estado.
En la iniciativa, promovida por la diputada Claudia Caballero Chávez, se establece que la Secretaría del Medio Ambiente deberá garantizar la información de manera continua de la calidad del aire.
La legisladora albiazul destacó que la ley debe de actualizarse, además de garantizar la información que emite las estaciones de monitoreo ambiental para que la ciudadanía esté informada.
“Investigaciones recientes de la UNAM y The Guardian, han revelado la realidad de la Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas, se sitúa en el municipio de San Nicolás de los Garza, en las inmediaciones de una planta recicladora de residuos peligrosos denominada Zinc Nacional.
“Se encontraron niveles de plomo mil 760 veces por encima del umbral de seguro internacional; el arsénico y el cadmio no son solo nombres en la tabla periódica; son sustancias cancerígenas que nuestros niños están inhalando hoy mismo dentro de sus aulas de clase”, destacó Caballero Chávez.
La red de monitoreo actual, aseguró la diputada panista, es insuficiente en comparación con estándares internacionales; mientras ciudades como Madrid tienen una estación por cada 120 mil habitantes, en el área metropolitana de Monterrey la proporción es casi el doble de deficiente.
“La falta de un programa de mantenimiento preventivo correctivo obligatorio en la ley ha permitido que la infraestructura se deteriore, comprometiendo la integridad y trazabilidad del dato”, manifestó Caballero Chávez.
La reforma plantea que las estaciones de monitoreo operen de forma continua con mantenimiento preventivo del equipo; además de que la Secretaría en coordinación con los municipios deberán revisar los reportes de las estaciones y generar un expediente técnico, garantizando el mantenimiento de las estaciones.
Esto debido a que el incumplimiento de los reportes suele atribuirse a la falla de las estaciones afectando la salud de los habitantes regiomontanos, afirmó la legisladora albiazul.
“Según datos presentados ante el Congreso, durante la temporada de contingencias ambientales del 2024, nueve de las 15 estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental estuvieron fuera de servicio simultáneamente por supuestas fallas técnicas.
“Este apagón informativo dejó a la ciudad sin datos críticos durante los picos de contaminación, invalidando cualquier intento de alerta temprana y dejando a la población a merced del veneno invisible”, recalcó Caballero Chávez.
