Monterrey. N.L.- El Congreso del Estado inició el análisis de las propuestas para armonizar la Constitución de Nuevo León con el nuevo modelo federal de transparencia en una jornada de trabajo convocada por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Legislación.
En la jornada realizada en la Sala Bicentenario, la diputada Lupita Rodríguez Martínez analizó los principales alcances de la iniciativa impulsada por el grupo legislativo del Partido del Trabajo, así como los ajustes que deberán incorporarse a partir de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al foro asistieron congresistas, consejeros del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL), representantes de cámaras empresariales, especialistas y académicos, quienes participaron en el análisis de las distintas propuestas de armonización.
La diputada del PT señaló que Nuevo León tiene pendiente realizar esta armonización, derivada de la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2024, y recordó que el 6 de abril de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó formalmente el incumplimiento de Nuevo León.
“Nuestra tarea ya no consiste en decidir si armonizamos, sino en determinar cómo hacerlo correctamente dentro del marco constitucional”, asintió.
La iniciativa del GLPT, correspondiente al expediente 21244/LXXVII, propone reformar diversos artículos de la Constitución de Nuevo León para establecer las bases de una nueva distribución de competencias en materia de transparencia y protección de datos personales.
Explicó que el nuevo modelo implica pasar de un organismo garante autónomo a un esquema de autoridades con competencias distribuidas, pero subrayó que este cambio institucional no debe significar una disminución en la protección de los derechos ciudadanos.
“Cambian las autoridades, no los derechos. El acceso a la información pública y la protección de datos personales continúan constitucionalmente protegidos”, afirmó.
Dijo que la propuesta deberá incorporar ajustes derivados de diversas resoluciones de la Suprema Corte, que han precisado qué autoridades deben conocer determinados asuntos dentro del nuevo modelo.
Explicó que uno de estos casos corresponde a los partidos políticos, donde la propuesta original deberá adecuarse a los criterios posteriores de la Corte y a la distribución constitucional de competencias.
De igual manera, indicó que en materia de sindicatos deberá atenderse a la distribución de competencias laborales y a la distinción entre los regímenes comprendidos en los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Federal.
Asimismo, destacó que la propuesta está abierta al análisis y a las aportaciones que surjan de los foros, con el propósito de construir consensos y fortalecer la reforma.
Rodríguez Martínez también subrayó la necesidad de garantizar una transición ordenada y sin vacíos institucionales, definiendo con claridad el destino de los expedientes en trámite, archivos, sistemas, recursos y personal del INFONL, así como las autoridades que asumirán los procedimientos pendientes.
“Detrás de cada expediente existe una persona ejerciendo un derecho. No podemos permitir que un recurso quede sin resolver simplemente porque cambió la autoridad competente”, sostuvo.
Finalmente, reiteró que el reto es cumplir con la armonización pendiente sin retroceder en la protección de los derechos ciudadanos.
“Donde exista margen, construyamos acuerdos; donde la Constitución haya definido las competencias, respetémoslas”, concluyó.
