Redacción.- Con el propósito de sancionar a las personas servidoras públicas que, a sabiendas de que carecen de atribuciones o competencia constitucional o legal, emitan, ordenen o ejecuten actos de autoridad para exigir, determinar, recaudar u obtener un beneficio económico indebido, el diputado federal Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 217 del Código Penal Federal,.
La propuesta plantea incorporar una nueva fracción al citado artículo para tipificar como delito el uso deliberado de facultades inexistentes o ajenas con fines económicos, diferenciando estas conductas de los errores administrativos, controversias competenciales o diferencias de interpretación jurídica.
El legislador del PRI explicó que la iniciativa surge a partir de hechos ocurridos en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, donde, de acuerdo con información difundida por diversos medios de comunicación, autoridades municipales habrían iniciado procedimientos administrativos e impuesto multas y cobros extraordinarios a empresas concesionarias de telecomunicaciones respecto de postes, cableado aéreo, fibra óptica y otros componentes de sus redes.
Moreira Valdez señaló que la relevancia jurídica de estos casos radica en que facultades administrativas de carácter local no pueden utilizarse para intervenir, condicionar o afectar infraestructura destinada a la prestación de servicios de telecomunicaciones, materia sujeta a un régimen constitucional y legal de carácter federal.
La iniciativa establece que la responsabilidad penal sólo procederá cuando se acredite que la persona servidora pública conocía que carecía de competencia, actuó deliberadamente y utilizó esa actuación para imponer u obtener un beneficio económico indebido, por lo que la sola nulidad o revocación del acto administrativo no será suficiente para configurar el delito.
Asimismo, propone incrementar hasta en dos terceras partes las penas cuando las conductas recaigan sobre infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos de interés general o actividades estratégicas previstas en la Constitución, y produzcan una afectación material o un riesgo real para su operación o continuidad.
Actualmente el Código Penal Federal establece que al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. Al aumentarse dos terceras partes significa que para la pena de prisión: a) Al mínimo de 6 meses puede aumentarse 4 meses más, para llegar a 10 meses; y b) Al máximo de 12 años puede aumentarse 8 años más, para llegar a 20 años.
Asimismo, respecto a la multa: a) Al mínimo de 30 días multa puede aumentarse 20 días multa, para llegar a 50; y b) Al máximo de 150 días multa puede aumentarse 100 días multa, para llegar a 250.
El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos; y su límite inferior será el equivalente al salario mínimo general vigente.
Rubén Moreira destacó que la reforma busca proteger la distribución constitucional de competencias, la legalidad en el ejercicio de la función pública, el patrimonio de las personas y la continuidad de la infraestructura estratégica del país, sin criminalizar el ejercicio legítimo de las atribuciones de las autoridades ni las diferencias administrativas que deban resolverse por otras vías.
PRONUNCIAMIENTO DEL DIPUTADO RUBÉN MOREIRA EN DEFENSA DE LA LIBRE EXPRESIÓN Y LA DEMOCRACIA
México vive un momento fundamental para la defensa de sus libertades democráticas. La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no puede reducirse a un asunto administrativo: estamos frente a una decisión que modifica el equilibrio entre el Estado, los medios de comunicación y los ciudadanos.
El proyecto en discusión contiene elementos que generan una profunda preocupación porque abren la puerta a una concentración excesiva de facultades en una autoridad administrativa y afecta principios esenciales de toda democracia: la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, el pluralismo y la independencia de los medios.
Es un riesgo que la autoridad tenga margen para determinar qué contenidos pueden considerarse “falsos”, “descontextualizados” o “incorrectos”. El gobierno se convierte en el gran censor y represor.
En una democracia, el gobierno no debe convertirse en el árbitro de la verdad. La crítica, la opinión y el debate público no pueden estar sujetos al criterio de una autoridad política o administrativa. Mucho menos en una pandilla de fanáticos con tufo estalinista.
También preocupa que los códigos de ética de los medios de comunicación, que deben funcionar como mecanismos de autorregulación y responsabilidad profesional, sean transformados en instrumentos sujetos a supervisión y sanción estatal. La autorregulación es una característica de las democracias maduras; sustituirla por controles gubernamentales representa un retroceso. Presionar a los medios es propio de las dictaduras y autocracias.
Resulta preocupante debilitar la independencia de las defensorías de las audiencias. Estas figuras fueron creadas para servir como un puente entre ciudadanos y medios, no para convertirse en órganos subordinados a la autoridad. Eso es lo que pretende Morena.
El establecimiento de mecanismos mediante los cuales una autoridad pueda revisar las decisiones de los defensores de las audiencias abre una pregunta fundamental: ¿quién terminará decidiendo qué información puede difundirse y cuál no? Morena y su gobierno proponen que sea un directorio formado por burócratas fachos el que autorice lo que se puede publicar. Eso nos recuerda a las dictaduras de Europa del Este, muy admiradas por una buena parte de los integrantes de Morena.
A ello se suman preocupaciones sobre sanciones desproporcionadas frente a las obligaciones previstas en la ley, así como la posibilidad de que procedimientos de queja sean utilizados como mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas. El régimen ha dado muestra de su odio a la libertad y persigue, censura y descalifica a los comunicadores independientes. Eso sin contar la impunidad ante los homicidios que se perpetran contra ellos.
La historia demuestra que las democracias se terminan cuando el poder público acumula facultades para controlar la información, limitar la crítica o definir los límites del pensamiento permitido.
México necesita medios libres. Necesita responsabilidad informativa, pero también necesita libertad para disentir. Toda la libertad posible.
Defender la libertad de expresión no es defender privilegios de unos cuantos; es defender el derecho de millones de mexicanos a informarse, opinar y participar en la vida pública. La democracia no se hereda: se cuida todos los días.
Estas líneas retoman el análisis y la crítica de diversos especialistas y pensadores de oposición. Entre ellos, periodistas, organizaciones de magistrados y jueces independientes, y también propietarios de medios de comunicación.
Hoy, cuidar la democracia significa defender el derecho a la información, la libertad de prensa y de expresión. Alto a la censura y la represión. No a la dictadura.
