La diputada Marisol González, del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, acompañada por el secretario de Gestión Social de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Pato Zambrano y Abiel Náñez, regidor ciudadano en Santa Catarina, presentaron y suscribieron conjuntamente una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, en contra del alcalde Jesús Nava Rivera y de quienes resulten responsables, por su probable participación en hechos constitutivos de delitos relacionados con la desincorporación irregular de bienes del patrimonio municipal.
“Estamos denunciando ejercicio ilícito del servicio público, ya que el alcalde estaría utilizando su posición para facilitar la venta de terrenos públicos que deben conservarse como áreas verdes. Se trata de una actuación irregular que vulnera el interés general y el equilibrio ambiental del municipio”, sostuvo la diputada González al presentar la denuncia.
Los tres promoventes señalaron que se trata de 19 predios originalmente destinados a áreas verdes, los cuales fueron cedidos por desarrolladores industriales como parte de las medidas de mitigación ambiental establecidas por la Ley de Asentamientos Humanos. Sin embargo, de manera aparentemente fraudulenta, la administración municipal promovió su desincorporación del dominio público, contraviniendo tanto su origen como su destino legal.
La diputada adelantó que también solicitarán la comparecencia de Jesús Nava ante el Congreso del Estado, y advirtió que, de comprobarse los hechos, promoverán un procedimiento de juicio político en su contra. “Lo que aquí vemos no es un mero trámite administrativo, sino un acto de corrupción con apariencia de legalidad. El alcalde dice que es legal, pero se trata de una simulación para justificar la venta de bienes que no pueden enajenarse”, declaró.
Por su parte, Pato Zambrano enfatizó que los predios en cuestión fueron donados por la industria con la finalidad expresa de constituirse como áreas verdes, y advirtió que su venta representa un quebranto al patrimonio de todos los ciudadanos. “Se vendieron aparentemente a valor catastral, lo que ya en sí mismo es un despojo. Vamos a ir tras los que vendieron, los que compraron, y los que aprobaron esta maniobra”, señaló.
Los denunciantes señalaron que los hechos podrían constituir diversos delitos tipificados en el Código Penal del Estado de Nuevo León, entre ellos:
• Ejercicio ilícito del servicio público, al autorizar la desincorporación sin cumplir los requisitos legales.
• Ejercicio abusivo de funciones, al disponer de bienes cuyo destino legal era el de áreas verdes.
• Peculado, por el desvío de bienes públicos para fines ajenos al interés general.
• Daño al patrimonio municipal, tanto en su valor económico como en su función ambiental.
• Avalúos simulados o manipulados, al detectarse que los terrenos fueron valuados con incrementos mínimos (alrededor del 2%), lo que podría configurar un delito patrimonial agravado.
Finalmente, anunciaron que se solicitará la declaración de procedencia, con el objeto de que el alcalde pueda ser sometido a proceso penal y separado de su cargo, al igual que los funcionarios que resulten implicados.
“No vamos a permitir que se sigan privatizando áreas verdes que pertenecen al pueblo de Santa Catarina. Estos terrenos fueron entregados como parte de una obligación legal, no pueden desaparecer del patrimonio público ni convertirse en botín de intereses privados”, concluyó Marisol González.
