Para evitar la impunidad de los delitos sexuales contra menores, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas, para que se consideren imprescriptibles los delitos sexuales, la corrupción de menores, la pornografía, el lenocinio y el estupro que se cometan contra niñas, niños y adolescentes.
La legisladora destacó que apenas el 2% de quienes denuncian un episodio de este tipo de agresión obtienen justicia, por lo que estas modificaciones contribuirán a avanzar en la protección integral de las infancias.
“La corrupción de menores, pornografía infantil, lenocinio infantil que es la explotación sexual, así como estupro que es cuando se engaña a un menor de edad afecto de tener relaciones sexuales, estos cuatro delitos que ya están establecidos en el Código Penal son prescriptibles a los tres años de haberse cometido el delito, y si en tres años el menor no denunció simplemente no tiene eco su denuncia”, expresó.
La iniciativa de reforma propone modificar los artículos 140, 196, 201 BIS y 196 del Código Penal; además se reforman las fracciones LV y LVI del artículo 14; se adiciona la fracción LVII del artículo 14, de la Ley Orgánica de la Fiscalía y se reforma el artículo 19 de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León.
“Esta reforma al Código Penal está estableciendo precisamente incluirlos dentro del artículo 140 que hablan de los delitos que no prescriben para efectos de emitir una denuncia, ya que lamentablemente los abusos a menores de 0 a 18 años, solamente 1 de cada 10 se denuncia y esto es porque el abuso se da en su casa con su propia familia o de alguien muy cercano a la misma, y simplemente el menor tiene miedo”, enfatizó.
“Los mayores de edad que sufren de abuso sexual infantil que desean denunciar simplemente no tienen cabida dentro de un sistema de justica en Nuevo León”, refirió Serrato Flores.
Tras la suscripción de todas las bancadas, la iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
