Es preocupante que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado (IMA) no se apegue a los procesos establecidos en la Ley de Movilidad del estado de Nuevo León, ni a los lineamientos de gobernanza para organismos paraestatales de NL publicados en el periódico oficial. Las decisiones en materia de movilidad no cumplen con los mínimos estándares de transparencia y legalidad que esperamos de un buen gobierno.
Lo anterior enviado en un documento firmado por el Consejo Cívico, CAINTRA, CANACO y CANADEVI.
Como integrantes de la junta de gobierno hemos buscado continuamente un diálogo para contribuir a construir un sistema de transporte de pasajeros acorde a las expectativas de la ciudadanía; lo hemos intentado. No hemos sido escuchados.
Nos preocupa enormemente que, a pesar del reciente cambio de titular del IMA, continúen las prácticas poco transparentes. A través de cartas, oficios y acercamientos personales, hemos externado reiteradamente las fallas en el funcionamiento adecuado de los órganos de gobernanza y toma de decisión del IMA.
Muchas de nuestras peticiones de información y rendición de cuentas aún están pendientes de responder y clarificar, incluyendo la situación financiera del Instituto de Movilidad, el control financiero de las tarifas recaudadas ahora por el gobierno del estado e incluso solicitamos revisar las inquietudes de transportistas en costos y tarifas de las unidades tradicionales.
El decreto publicado el día 5 de noviembre en el periódico oficial del estado que abre la posibilidad para ciertas rutas de reclasificarse como “rutas exprés”, aceptando una serie de requisitos, pero obteniendo de beneficio un aumento automático de tarifa del 25 por ciento, no ha cumplido con los procedimientos establecidos en la Ley de Movilidad del Estado siguiendo los procesos de transparencia, proporcionando al Consejo la información proactiva, preventiva y de indicadores con el fin de que se someta en un primer momento a revisión y consulta del Consejo Consultivo, el cual emite una opinión que es a su vez evaluada por la Junta de Gobierno del IMA.
La transparencia obliga al gobierno a realizar las negociaciones con los proveedores del transporte urbano de cara a la ciudadanía. El asiento que ocupamos en la Junta de Gobierno del IMA nos obliga a exigir respeto a ese espacio y al cumplimiento cabal de la Ley de Movilidad.
Desde nuestros organismos continuaremos exigiendo información, impulsando una mejor calidad de transporte urbano y con una total apertura al diálogo con enfoque técnico para resolver el reto de movilidad de Nuevo León.
