Por presuntamente haber cometido el delito de coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, simulación de operaciones y abuso de autoridad, Sandra Pámanes, diputada de Movimiento Ciudadano denunció al alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo y al Auditor Superior del Estado Alejandro Gil Reynoso ante la fiscalía general de la República (FGR).
La denuncia se presenta luego de que un medio de comunicación evidenciara que durante su campaña de reelección, Carrillo contrató a una empresa ‘todóloga’ que es proveedora del municipio de San Nicolás.
Esta misma empresa, también ha sido contratada por la Auditoría Superior del Estado.
“Hemos presentado una fiscalía general de la República”, explicó Pámanes “estamos denunciando tanto al alcalde de San Nicolás Daniel Carrillo y al titular de la Auditoría Superior del Estado, Alejandro Reynoso bajo de los delitos de coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, simulación de operaciones y abuso de autoridad.
“Esta coalición que existe en una especie de contubernio, entre una institución como es la Auditoría Superior del Estado y el municipio de San Nicolás, para obtener ventajas y beneficios económicos que van más allá de sus funciones”.
Por este delito, explicó la legisladora, la sanción para los servidores públicos pudiera ser de los 2 a los 8 años de prisión
«Nosotros confiamos en que la Fiscalía pueda iniciar esta investigación, que también se une a muchas otras investigaciones que también hemos solicitado», agregó la emecista.
Durante las elecciones, según detalla el medio de comunicación, Comercializadora Gonsa del Valle S.A. de C.V. recibió un millón 649 mil pesos.
Un año antes, el municipio erogó 6 millones 970 mil pesos por la compra de bolsas de dulces, artículos de limpieza, oficina, cazuelas, tarjetas para el día de las madres y suministro de pinturas.
Por separado, la auditoría ha pagado 8.5 millones de pesos en diversos servicios para automóviles y artículos de oficina.
Pámanes señaló que este tipo de acciones también deberían ser investigadas por la fiscalía general del Estado y la auditoría, sin embargo, no se puede confiar en estos órganos porque está en manos del PRIAN.
