La diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) propuso una iniciativa que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a fin de establecer que se duplicarán las penas para los agentes del Ministerio Público (MP) que entorpezcan las investigaciones para favorecer a funcionarios públicos señalados de cometer delitos de índole sexual.
El Código Penal Federal señala actualmente que al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días multa; además, será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia para dictamen, explica que uno de los principales obstáculos para erradicar la violencia contra las mujeres en México es la corrupción y la impunidad presentes en algunas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el ministerio público.
Precisa que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 se registraron 3 mil 752 casos de feminicidios en México, lo que equivale a un promedio de más de 10 mujeres asesinadas cada día, cifra que refleja la gravedad del problema y la urgente necesidad de abordarlo de manera efectiva.
“La corrupción dentro de estas instituciones socava la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y permite que los responsables de cometer actos de violencia queden impunes. Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, sólo 10 por ciento de los delitos denunciados en México culminan en una sentencia condenatoria, evidenciando la profunda crisis de impunidad en el país”, enfatiza la iniciativa.
Menciona que esta situación perpetúa un ciclo de violencia y desprotección para las mujeres, especialmente cuando se trata de proteger a funcionarios públicos señalados de cometer delitos de tipo sexual.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y octubre de 2020 se registraron 20 mil 490 denuncias por delitos sexuales en México; sin embargo, la mayoría de estos casos no llegaron a ser investigados de manera efectiva y muchos de los responsables quedaron en libertad, debido a la corrupción y la falta de voluntad política para hacer justicia.
Asimismo, datos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México indican que entre los años 2017 y 2019 solo 2.7 por ciento de las denuncias por abuso sexual resultaron en una sentencia condenatoria, lo que significa que el 97 por ciento restante quedó impune.
La legisladora puntualiza que sólo mediante una acción decidida y un compromiso firme con la justicia y la igualdad de género, podremos avanzar hacia una sociedad más segura y equitativa para todas y todos.
“Al enmarcar este tema en la ley mexicana, se envía un mensaje claro sobre el compromiso del país con la seguridad de las mujeres y de cero tolerancia a conductas delictivas de índole sexual, por parte de los funcionarios públicos”, concluye.
