“Estamos presentando esta iniciativa ya que hemos visto en diferentes reportes que hacen asociaciones como “Mexicanos Unidos contra la Corrupción”, de el gasto desmedido que se está haciendo en comunicación social, lo más preocupante de esto es que se estaba endeudando al estado para poder gastar en comunicación social y hemos visto que mucho del gasto que se hace es para promover es la imagen del gobernador, entonces esto no tiene ningún beneficio para el estado, porque todavía fuera deuda para infraestructura productiva o para programas sociales, estaría bien pero endeudar a Nuevo León para promover la imagen personal de un funcionario, lo que además de ilegal es incorrecto”.
“Nos dimos cuenta es que no había una ley de comunicación social que incluyera también todo lo que invierte, entre comillas, en las nuevas formas de comunicación como son las redes sociales, y por eso estamos incluyendo diferentes capítulos en esta ley de comunicación social para dotar de herramientas a la Auditoría Superior del Estado, con las que ellos puedan auditar el gasto que se hace para promoción a través de los medios tradicionales, los medios digitales y por supuesto las redes sociales”, señaló la legisladora.
Esta iniciativa se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de México y en el 66 de la Constitución local, en donde se señala que “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
“Tenemos reportado y lo hemos comprobado nosotros que se gastan más de 20 millones al mes en pura publicidad en una sola de las redes sociales, entonces ahí hay temas que la Auditoría Superior del Estado debería poder estar observando y asegurándose de que el recurso del estado de Nuevo León no se esté utilizando para promoción de personas en lo particular”, concluyó De la Garza.
Estudios de las organizaciones “Política Colectiva” y “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el cual reveló que en el 2022 el gobierno de Nuevo León fue el que más se sobregiró en el gasto de todo el país, ejerciendo un 30% más del presupuesto autorizado por el Congreso; y de este excedente, el mayor gastó fue destinado a comunicación social, dependencia que gastó un 160 por ciento más del presupuesto autorizado.
Esta iniciativa, que consta de 50 artículos y tres transitorios, será posible regular la contratación de los medios de comunicación social por parte de cualquier ente público estatal o municipal.
