El pasado mes de marzo el gobernador Samuel García presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de reformas a la Constitución de Nuevo León aprobadas por el Congreso del Estado de Nuevo León mediante los decretos 340, 341 y 342, misma que fue admitida bajo el expediente 262/2023.
En su demanda, el Ejecutivo Estatal argumenta que las reformas no fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, situación que él mismo ocasionó ilegal e injustificadamente, ya que el Legislativo solicitó la publicación en tiempo y forma, esto último se deduce del propio escrito del Ejecutivo en el cual solicita la suspensión de “Los escritos de solicitud del Congreso del Estado de Nuevo León en el que solicitan al Ejecutivo Estatal de realizar la publicación de los Decretos siguientes: Decreto Número 340 … Decreto Número 341 … Decreto Número 342… y por lo tanto se solicita no se ejecute la orden de publicación…”
La Suprema Corte publicó en su lista de notificaciones del miércoles 21 de junio un acuerdo relativo a la Controversia Constitucional 262/2023 a través del cual resuelve sobre la suspensión solicitada por el Gobernador de Nuevo León en el siguiente sentido:
– “… procede negar la medida cautelar solicitada… pues de concederse la suspensión se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, cuyas bases y principios derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
– “… la suspensión de la publicación de los multicitados decretos en el periódico oficial del Estado de Nuevo León obstaculizaría la debida conducción del procedimiento legislativo de creación y modificación de reformas constitucionales en dicho Estado y, por tanto, se pondría en peligro una institución fundamental del orden jurídico mexicano, pues se paralizaría el procedimiento legislativo.”
Las consideraciones del ministro instructor mediante las cuales se niega suspensión solicitada, vinculan en consecuencia al Poder Ejecutivo de Nuevo León a cumplir su obligación constitucional de publicar los decretos legislativos 340, 341 y 342 que contienen las reformas a la Constitución Local legítimamente aprobadas por el Congreso Estatal, ya que no hacerlo constituye una violación al procedimiento legislativo que pone en peligro una institución fundamental del orden jurídico mexicano.
El gobernador Samuel García ha sido sistemáticamente omiso en publicar en el Periódico Oficial decretos legislativos aprobados por el Congreso Estatal, por lo que el Poder Legislativo ha tenido que encontrar mecanismos alternos para cumplir con su función, garantizando la publicidad de las leyes y reformas que se aprueban, agotando siempre el trámite que deba hacerse ante el Ejecutivo.
