Los diputados federales Blanca Alcalá Ruíz, María de Jesús Aguirre Maldonado y José Francisco Yunes Zorrilla, presentaron una iniciativa que busca eliminar la limitante de recursos destinados a la seguridad y a la salud para los municipios, funciones esenciales para la población, en el ámbito territorial de su competencia.
Los legisladores del grupo parlamentario del PRI explicaron que la Ley de Disciplina Financiera establece una limitación en el techo de crecimiento de gastos para que las entidades federativas y los municipios contraten personal dedicado a la seguridad pública y al servicio médico, con un máximo de tres por ciento en comparación con el ejercicio anterior.
En ese sentido, externaron que es evidente la urgencia de fortalecer la coordinación, así como la asignación de recursos suficientes, etiquetados y debidamente evaluados, que permitan crear las condiciones para que las policías municipales tengan un papel más decisivo en la reducción de la violencia e incidencia delictiva.
Proponen también, que no sean aplicables los límites dispuestos en la fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, a las asignaciones destinadas a servicios personales asociados a personal médico, paramédico, de seguridad pública y afines. Aclara en ningún caso, la excepción deberá considerar personal administrativo.
Además, en otra adición, plantean que los municipios sustenten y justifiquen las asignaciones en las funciones antes descritas, en términos de las Leyes, de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad Gubernamental.
Los representantes del tricolor matizaron que está excepción para atender estos problemas requiere de esfuerzos presupuestales; en el caso del personal médico, apuntaron, es necesario tener presente que el país está saliendo de una emergencia por el COVID 19, y, en el ámbito de seguridad, las cifras dan cuenta de una grave crisis.
Además de estar saliendo de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid, recalcaron, es un hecho las deficiencias que en materia de infraestructura y atención de salud pública se están viviendo en los estados y es urgente mejorar las condiciones en que se ofrecen estos servicios para la población mexicana
Destacaron que esta excepción propuesta en su iniciativa ya estaba prevista en un artículo transitorio del decreto que expidió la Ley de Disciplina Financiera en 2016, pero tenía como plazo de vigencia hasta 2020. Además, expusieron que el Decreto por el que se modifica el Artículo Quinto Transitorio, en materia de Guardia Nacional, del año pasado, incluye un fondo permanente de apoyo a los estados y municipios para fortalecer a sus instituciones de seguridad pública, a partir de 2023.
Alcalá Ruíz, Aguirre Maldonado y Yunes Zorrilla, indicaron que a esta problemática se suma el abandono financiero, tras cumplirse dos años de la desaparición del Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), mientras la Secretaría de Gobernación informó que hay 217 municipios sin policías locales, principalmente en estados con elevados niveles de inseguridad y grupos de la delincuencia organizada, como Zacatecas, Michoacán y Guanajuato.
