Las reformas recién aprobadas a la Ley de Seguridad Pública de Nuevo León por parte del Congreso local para ampliar y garantizar el derecho ciudadano a la libre manifestación representan un hito importante para el desarrollo de comunidades democráticas y de la misma sociedad civil organizada en el país.
Hoy, la disminución de apoyos, campañas de desprestigio al trabajo que hacemos, una excesiva regulación fiscal y el intento por eliminar instituciones aliadas de las organizaciones en la reducción de las desigualdades sociales, son condiciones que enfrenta la sociedad civil organizada y afectan directamente a la ciudadanía.
De acuerdo con Civicus, las condiciones generadas mediante el trabajo de las organizaciones civiles para que la ciudadanía sea partícipe de las soluciones a los problemas de su comunidad, se denomina espacio cívico y está integrado por tres elementos fundamentales:
Libertad de manifestación: el derecho a ejercer de forma legítima el disenso a través de la celebración de manifestaciones, protestas y reuniones para promover asuntos de interés público.
Libertad de expresión: el derecho a difundir y expresar ideas y opiniones por todos los medios posibles y sin considerar fronteras.
Libertad de asociación: el derecho a formar o participar en una organización o grupo de la sociedad civil, incluyendo la posibilidad de acceder a financiamiento nacional e internacional.
Ante el contexto nacional, que en Nuevo León se estén generando condiciones para avanzar en la protección de derechos fundamentales como la libre manifestación, el fomento de la sociedad civil organizada y el reconocimiento de la participación ciudadana, colocan a la entidad en una posición sobresaliente.
Llamamos a los liderazgos en las distintas posiciones públicas a continuar avanzando en la protección de los derechos humanos, y con ellos a seguir contribuyendo al desarrollo democrático y estado de derecho que son indispensables para contar con paz y bienestar en nuestras comunidades.
En la sociedad civil organizada consideramos que proteger el espacio cívico es defender y fomentar la participación de la ciudadanía y todos aquellos avances que han sido empujados por las personas a favor del bien común.
