Los diputados y diputadas de Nuevo León no pueden “declararse en paro de labores indefinido”, generando vacíos que impactan de manera negativa a la operación de los tres poderes del estado, porque su trabajo es una responsabilidad que están obligados a atender desde que asumieron sus cargos o fueron elegidos por la ciudadanía, considera Consejo Cívico.
El principio de división de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático y, esto no significa que los legisladores locales y el gobierno de Nuevo León deban estar de acuerdo en todos los temas; sin embargo, escalar un conflicto con acciones como estas, anteponiendo intereses partidistas de quienes gobiernan, la única que sale perdiendo es la ciudadanía.
Mientras los diputados y diputadas de Nuevo León han decidido ausentarse de sus funciones, hoy existen problemas graves en la comunidad que deben ser atendidos con urgencia; esto sin duda posterga la búsqueda de soluciones en conjunto a los problemas estructurales que padecemos como la violencia, la corrupción; las crisis de movilidad, de la calidad de aire y de la gestión del agua, por mencionar algunos.
Nuevo León y sus habitantes necesitamos que los tres poderes operen activamente y de manera simultánea para la toma de decisiones en los temas que hoy sí son urgentes para la ciudadanía. Contrario a esto, en el Consejo Cívico vemos graves riesgos en la procuración de justicia, seguridad, transparencia y rendición de cuentas que un estado de derecho óptimo requiere.
Exigimos a las diputadas y diputados que integran el Congreso de Nuevo León que retomen la función para la cual fueron elegidos durante tres años por la ciudadanía, y llamamos al poder Ejecutivo y Legislativo trabajar más allá de las diferencias para priorizar el diálogo por el bien del estado.
