Las y los ciudadanos hemos sido testigos y protagonistas de la lenta y difícil construcción de la democracia electoral en México durante los últimos 27 años. Hemos participado como funcionarios de casilla, como observadores electorales y sobre todo como votantes, lo que nos ha permitido constatar el cambio logrado a partir de la reforma de 1995-96 que logró la autonomía de los organismos electorales para que los votos cuenten y pueda haber alternancias de gobierno.
Aunque sean necesarias reformas para ampliar la representación y sobre todo para promover la participación ciudadana en los asuntos públicos, más allá de los partidos políticos, no podemos perder lo que conseguimos después de una muy larga lucha por la democracia, en materia de autonomía de las autoridades electorales.
Es inaceptable que se pretenda impulsar sin discusión y sin consenso, modificaciones al arreglo que ha posibilitado tener autoridades electorales independientes, imparciales y objetivas apegadas a la Ley que han posibilitado miles de alternancias a nivel municipal, estatal y federal.
Aunque en México presenciamos como evento cotidiano que la ciudadanía cambie al partido en el gobierno cuando así lo decide, recordamos que no siempre fue así.
Recordamos cuando el gobierno organizaba las elecciones y contaba los votos y lo que menos importaba era la participación y voluntad ciudadana en el resultado de las elecciones.
Siempre existen posibles mejoras al sistema electoral o al financiamiento de los partidos; sin embargo, hoy la ciudadanía puede participar en las elecciones donde miles de ciudadanos en las casillas cuentan y validan votos.
La democracia electoral que hoy disfrutamos es una conquista ciudadana que no puede quedar en manos de grupos políticos. Nunca antes una reforma electoral se había originado de una propuesta del gobierno en funciones. Siempre han sido propuestas por la ciudadanía, los partidos, las minorías. En este contexto, si queremos establecer nuevas reglas y modificar instituciones es necesario primero lograr el más amplio consenso posible, incluyendo a la ciudadanía en las discusiones.
No consideramos tampoco que éste sea el momento adecuado para modificar las reglas cuando estamos a punto de comenzar un proceso electoral que incluye la elección de un nuevo presidente o presidenta de la República, ya que no habría ningún margen de error posible en este proceso. Poner a prueba en una elección tan importante un nuevo sistema electoral puede significar un grave retroceso para la democracia.
