Monterrey, N.L.- Para combatir los delitos que afectan el patrimonio familiar, el diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona presentó reformas al Código Penal en materia de fraude y despojo de inmuebles.
El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Poder Legislativo expuso que ya no habría disyuntiva que permita optar entre prisión o multa.
En materia de fraude, la propuesta busca reformar la fracción II del artículo 385 para establecer que la sanción sea de tres a ocho años de prisión y multa de 20 a 100 cuotas, que oscilan entre 2 mil 346 y 11 mil 731 pesos.
“Estoy presentando un par de iniciativas que se derivan del trabajo constante que tenemos con el Poder Judicial, con la Fiscalía que tienen que ver uno con el delito de fraude, y otro con el delito de despojo de inmueble que hemos estado trabajando en conjunto debido al gran número de casos que se presentan en Nuevo León», detalló en entrevista.
“Anteriormente era una u otra, el implicado en fraude podía pagar una multa y no tocar la cárcel o podía tocar la cárcel y no pagar una multa porque la’o’, seria optativa. De manera que quienes cometan el delito de fraude dentro del supuesto previsto en dicha fracción puedan ser sancionados con pena de prisión y multa, evitando que la sanción pueda limitarse únicamente a una multa”, dijo.
Al referirse al tema del despojo de inmuebles, Caballero Gaona planteó fortalecer las sanciones particularmente cuando exista participación de personas servidoras públicas, notarios o cuando se aprovechen documentos, sellos, bases de datos o sistemas de información para cometer el delito.
La reforma presentada contempla incrementar en una mitad para el despojo cuando se actualicen agravantes específicas, entre ellas que el sujeto activo sea titular de una notaría, actúe con apoyo o coordinación de una agrupación sindical o social, simule actos de autoridad o utilice información del padrón de inmuebles en estado de abandono.
La propuesta también busca cerrar el paso a quienes, pese a haber sido requeridos por una autoridad competente, mantengan la ocupación de un inmueble ajeno o continúen impidiendo su disfrute material, considerándolo equiparable al delito de despojo mientras persista la ocupación y hasta que la víctima sea restituida en su derecho.
“En Nuevo León existen bandas inmobiliarias que está muy identificado que en zonas operan grupos que, desde la parte legal o criminales de cuello blanco, se han dedicado a despojar de terrenos a familias que son propietarios legítimos. Por eso estamos haciendo todo este tipo de reformas, buscando que se acote cada vez más este delito”, añadió.
Anunció que va a proponer mesas de trabajo para abundar en estas reformas que van de la mano con la propuesta de atender el problema de las casas abandonas.
