Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar (30 de marzo), la diputada Marisol González Elías presentó ante el Congreso del Estado un paquete legislativo que busca saldar una deuda histórica: asegurar los derechos laborales de quienes, desde el ámbito doméstico, sostienen el día a día de millones de familias.
La propuesta incluye dos iniciativas de reforma legal y un punto de acuerdo con acciones concretas dirigidas a diversas autoridades, para reconocer los reiterados y distintos tipos de violencia que sufren las trabajadoras del hogar, y que el trabajo doméstico remunerado es un trabajo digno y que debe contar con todas las garantías laborales y de seguridad social.
“Durante mucho tiempo se nos hizo pensar que este trabajo no necesitaba regulación. Que era una ayuda, no un empleo. Pero eso no es verdad. Hay mujeres que llevan toda una vida trabajando para una misma familia sin contrato, sin prestaciones, sin seguridad social. Ya es una obligación legal reconocer y garantizar sus derechos. Ahora, es nuestro deber como Estado garantizar y hacer todo lo posible para que se cumplan”, señaló la diputada González.
En la presentación del paquete, la legisladora compartió que este tema no le es ajeno: su madre trabajó durante años en el hogar de otra familia, lo que le permitió ver de cerca las desigualdades que persisten en este ámbito.
“Entre nosotros hay muchísimas personas que no somos ajenas a esta realidad. En mi caso, mi mamá se dedicó durante muchos años a esa tan digna labor, y gracias a ella supe desde siempre lo honrado y valioso que es el trabajo del hogar. Es un trabajo que durante mucho tiempo se ha menospreciado, especialmente aquí en Nuevo León, y eso tiene que cambiar. Por eso, desde la bancada de Movimiento Ciudadano presentamos estas reformas con el corazón y con la firme convicción de que la dignidad también se legisla”.
Entre los cambios propuestos destaca la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluirá expresamente como violencia laboral aquellas agresiones que enfrentan las trabajadoras del hogar en el domicilio del empleador: amenazas, retención de documentos, negación de descanso, entre otros.
También se reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para facultar a la Secretaría de Economía y Trabajo a diseñar e implementar campañas de formalización, acciones de inspección y estrategias coordinadas con el IMSS, a fin de que este sector cuente con acceso real a sus derechos.
Además, se presentó un exhorto a autoridades federales, estatales y municipales para que actúen de inmediato: el IMSS debe reforzar las campañas de afiliación; la Secretaría del Trabajo debe realizar inspecciones focalizadas; los municipios y la CEDH deben impulsar campañas de sensibilización y vigilancia, y la Secretaría de Educación incorporar en los planes cívicos el reconocimiento del trabajo doméstico.
De acuerdo con cifras del INEGI y del IMSS, en México hay más de 2.3 millones de personas que trabajan en hogares, la mayoría mujeres. Menos del 3% está afiliada al IMSS. Una de cada cuatro ha vivido algún tipo de abuso, y más del 40% reporta haber sido discriminada por dedicarse a este trabajo.
“Estas cifras son el retrato de una exclusión que ya no podemos normalizar. Por eso, desde este Congreso, decimos con claridad: no puede haber justicia social sin reconocer y proteger a quienes han sostenido a nuestras familias desde el silencio de otros hogares”.
Con estas acciones, la bancada de Movimiento Ciudadano se esfuerza en alinearse con el Convenio 189 de la OIT, ratificado por México, y avanzar hacia un modelo de trabajo digno para todas las personas.
