La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no se eliminará la reforma al poder judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), debido a que el amparo promovido por la jueza Nancy Juárez de Coatzacoalcos, Veracruz, no tiene ningún sustento jurídico, además de que esta orden rebasa sus atribuciones.
“No tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene ninguna atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación (…)
“La reforma al Poder Judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va”, explicó en su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.
Por ello, anunció que el gobierno federal interpondrá una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra la jueza por ir contra lo establecido en la Constitución y, en especial, contra la voluntad del pueblo de México.
“Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero, de todas maneras, no queremos que quede la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que, por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de cambio constitucional, que está establecido por la propia Constitución, y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024.”
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, abundó que este amparo va en contra de una serie de argumentos jurídicos como el artículo 135, que establece que la Constitución puede ser reformada por el Congreso de la Unión con la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes, así como de la mayoría de los Congresos locales. Además, puntualizó que en la normatividad mexicana se prevé la improcedencia de los amparos a las reformas constitucionales.
“Ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia en múltiples criterios, sentencias —hay jurisprudencia—, han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Ahí está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional. La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo”, puntualizó.
Agregó que los jueces que tramitan amparos en contra de la reforma al poder judicial tienen conflicto de interés, por lo cual esto tendrá que ser revisado por las autoridades competentes.
“Tienen que revisar, este Consejo de la Judicatura, la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, su propia jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el congreso.”
El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recordó que hay una disposición en la Ley de Amparo que establece que estos recursos jurídicos no proceden contra reformas constitucionales, circunstancia que los funcionarios del Poder Judicial han ignorado al presentarlos en contra de la Reforma Judicial, y recalcó que las leyes también son aplicables para ellos.
“En estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver, y están trastocando y desafiando el orden constitucional”, concluyó.
