El gobierno estatal anunció una histórica inversión en transporte público, pero hasta ahora, los resultados no se han reflejado en mejoras para los usuarios. Según la Encuesta Así Vamos, el tiempo promedio de traslado pasó de 58 minutos en 2021 a 83 en 2023, y el automóvil sigue siendo el medio más utilizado. Además, el Ranking 2024 del Instituto Mario Molina posiciona a la Zona Metropolitana de Monterrey en el lugar 19 de 21 ciudades mexicanas, reprobando en accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad.
Desde el Consejo Cívico, hemos expresado nuestra preocupación por decisiones de inversión sin evidencia clara de su rentabilidad social, sin consultas ciudadanas y con opacidad. La falta de acuerdos políticos ha retrasado obras clave como las líneas 4 y 6 del Metro, por la falta de financiamiento aprobado y proyectos ejecutivos, lo que además anticipa sobrecostos.
Por otro lado, la adquisición de nuevas unidades ha sido errática. Los primeros camiones llegaron tarde y sin un plan adecuado para abastecerles gas natural. Además, el proceso de reestructuración de rutas urbanas ha sido poco transparente, dejando sin certeza cuántas unidades están realmente en circulación. Las largas filas en horas pico reflejan que, a pesar de las inversiones, el servicio sigue sin mejorar.
La modernización del SINTRAM prometía optimizar el tráfico, pero su alcance se redujo a sólo dos municipios, poniendo en duda los beneficios de los 1,800 millones de pesos invertidos. A esto se suma la entrega de subsidios durante el ciclo electoral 2024 sin autorización de los consejos de Metrorrey o el IMA, lo que ha afectado las finanzas sin rendir cuentas claras.
Además, el anuncio de un viaducto elevado sobre Morones Prieto contradice los principios de movilidad sustentable al priorizar el uso del automóvil, compitiendo directamente con las nuevas líneas del Metro y aumentando las emisiones contaminantes.
En los próximos tres años, el éxito de los proyectos de movilidad dependerá de la capacidad del gobernador Samuel García para alcanzar acuerdos con el Congreso, alcaldes y la sociedad civil. Solo con una gobernanza participativa e inclusiva será posible concretar las promesas de campaña en beneficio de todo Nuevo León.
