La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) impulsa una iniciativa para reformar el artículo 80 de la Constitución Política, en materia de perspectiva de género, con la finalidad de agregar el término “Presidenta” como depositaria del Poder Ejecutivo Federal.
El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, menciona en su exposición de motivos que desde 1953 que se reconoció el voto femenino, hasta 2018, el país sólo ha tenido siete mujeres encabezando el Poder Ejecutivo en sus estados, y de ese año a la fecha la cifra aumentó a nueve mujeres en dicho cargo.
Destaca que la lucha de las mujeres ha alcanzado algunas metas, por lo que ahora la paridad de género es un derecho fundamental, lo que permitió que en los comicios de 2023 hubiera candidatas al cargo de Presidencia de la República con amplias posibilidades para ganar, a diferencia de otras aspirantes que en décadas anteriores no lo consiguieron.
Señala que actualmente en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz no han tenido aún una mujer gobernadora.
En este sentido, menciona que es necesario impulsar acciones con base en la estructura social y política que actualmente vive el país, basada en una deuda histórica que generaba menos oportunidades y discriminación hacia las mujeres, por lo que se tiene la oportunidad de ejercer un gobierno incluyente en el que se destaque la aportación que la mujer ha tenido dentro de los órganos de poder.
Subraya que para lograr la plena igualdad es necesario modificar el papel tradicional del hombre y la mujer, dentro de la sociedad y la familia, para incrementar su importancia en el contexto político y de toma de decisiones, con el propósito de garantizar la igualdad de derechos tanto en las leyes como en los hechos.
La propuesta resalta que en el ámbito político-electoral, las mujeres han sido invisibilizadas, pues en la Constitución de 1917 no se menciona a la mujer ni sus derechos, lo que demuestra desigualdad social, nula participación política y el inexistente derecho político para votar y ser votadas, y fue hasta 1953 que el Estado reconoció el derecho electoral de la mujer mexicana a votar.
Considera que en congruencia con la realidad, es importante modificar la redacción del capítulo III del Poder Ejecutivo, del artículo 80 de la Constitución Política mexicana, con el propósito de generar igualdad sustantiva y acciones afirmativas en la Carta Magna para hacer justicia a las luchas históricas de las mujeres y visibilizarlas dentro de la sociedad.
Con base en lo anterior, plantea que en dicho artículo se incluya la perspectiva de género y se deposite el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión “en una sola persona”, que se denominará “Presidenta” o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
