El actual gobierno estatal inició su sexenio con la promesa de ser incorruptible, formaron un gabinete con personas muy reconocidas en su campo, con capacidad para enfrentar muchos retos del estado. Es desafortunado que los logros alcanzados en las secretarías se vean empañados por señalamientos de corrupción que aún no han sido aclarados por el gobernador.
Persisten dudas sobre presuntas irregularidades y triangulaciones financieras que involucran al despacho familiar del gobernador y a proveedores del estado. Estas acusaciones, publicadas tanto en medios locales como nacionales, no han sido desmentidas de forma clara, con soporte documental y pruebas. Si bien hasta ahora, sólo existen señalamientos realizados por medios de comunicación, tampoco han salido a aclarar las diferentes situaciones las autoridades responsables como la contraloría estatal, por lo cual subsisten muchas dudas por parte de la ciudadanía de Nuevo León.
A los casos de presunta corrupción, se han sumado diez sentencias firmes del Tribunal Electoral del poder judicial de la Federación en contra del gobernador por delitos electorales cometidos durante el proceso electoral de 2023-2024. En este caso, los delitos señalados deberán ser sancionados por el Congreso estatal, por instrucción del Tribunal, mismo que tiene la posibilidad de exonerar al Gobernador o de actuar para evitar la impunidad.
Más allá de los dichos sobre un gobierno incorruptible, y de las notas periodísticas, la ciudadanía de Nuevo León merece que se esclarezcan estas acusaciones, que se atiendan las sentencias, y que todo lo anterior se haga con total transparencia. Esto es indispensable para restaurar la confianza en las instituciones, cuya imagen pública se ha visto seriamente afectada. De esta confianza depende la consolidación democrática de nuestro estado.
