A lo largo del año, se han acumulado notas periodísticas de diversos medios sobre supuestos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito del gobernador y su familia. Sin embargo, ninguna de estas revelaciones ha sido aclarada a la ciudadanía de manera formal y transparente.
Por ello, exhortamos una vez más al titular del ejecutivo estatal a transparentar los ingresos de sus negocios y de su familia. Asimismo, exigimos a la contraloría estatal, al congreso local, la auditoría superior del estado, las fiscalías anticorrupción y las unidades de inteligencia financiera, tanto estatal como federal, que informen sobre las acciones emprendidas respecto a estos señalamientos.
La aclaración de estas investigaciones y supuestas irregularidades corresponde al titular del ejecutivo, a quien pedimos transparencia y claridad. También es imperativo que las autoridades antes mencionadas rindan cuentas a la ciudadanía de forma objetiva y oportuna sobre el avance de las denuncias ciudadanas o cualquier otra persona o agrupación ciudadana, y que los despachos y empresas señaladas emitan un pronunciamiento público detallado.
Nuevo León necesita servidores públicos que rindan cuentas y actúen con honestidad y transparencia. Exigimos una investigación seria, profunda e independiente sobre estos señalamientos para reconstruir la confianza ciudadana en sus autoridades. Es indispensable ver acciones y resultados.
