Diputados locales del grupo legislativo del PRI exhortó a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que investiguen una nueva presunta triangulación de fondos públicos realizada por el gobierno estatal, revelada por un medio de comunicación.
La diputada Armida Serrato señaló que es necesario que las instancias competentes indaguen los pagos realizados por el Gobierno de Samuel García a compañías del Grupo Gentor y a la constructora Mota-Engil México y en caso de encontrar elementos que configuren actos constitutivos de delitos, proceder en contra de quien resulte responsable.
“Presenté un exhorto para que cuatro autoridades entre ellas la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de Justicia del Estado y a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investiguen y analicen lo publicado el día de hoy por un medio de comunicación, respecto a una vez más una nota del Gobernador y su posible triangulación de fondos con su Firma Leal”, puntualizó en entrevista.
“Lamentablemente no es la primera nota de todos los beneficios que pudo haber tenido el gobernador en estos tres años de su administración, con pagos a empresas a través del gobierno estatal, pero que terminan en las cuentas del despacho familiar”, agregó.
Serrato Flores recordó que recientemente salió a la luz pública que Grupo Gentor cedió como dación de pago un terreno de 17.6 hectáreas ubicado en la mesa de la corona en el municipio de San Pedro.
“El gobernador declaró, incluso, que le habían otorgado el gran terreno de la meseta en el municipio más rico de Latinoamérica, donde él mismo se hizo bolas y señaló que era un terreno que se había otorgado en dación, precisamente por poder permitir que algunos empresarios se instalarán en gobierno del estado, lo que cae en un conflicto de intereses”, resaltó.
“Queremos que se hagan las investigaciones correspondientes derivado de las atribuciones de cada dependencia tanto federal como local para que estás realmente definan si hay realmente delito que perseguir”, apuntó.
La diputada local cuestionó que se otorguen mega contratos que ponen en duda la capacidad gestora de la actual administración estatal.
