A propuesta de la diputada Armida Serrato Flores, el congreso del estado aprobó enviar un exhorto a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que investiguen los contratos de construcción de las líneas del metro otorgados a proveedores favoritos y la triangulación de fondos públicos realizada por el Gobierno Estatal.
Durante la sesión, la legisladora priísta solicitó que se investigue bajo qué condiciones se otorgaron los contratos del metro por más de 5 mil millones de pesos a Grupo Gentor empresa vinculada a la constructora Mota-Engil México, encargada de las obras de las líneas 4, 5 y 6 del Sistema de Transporte Metro, las cuales se presume están relacionadas a una red de pagos y conexiones al despacho Firma Jurídica y Fiscal abogados (FJyF), propiedad del mandatario estatal Samuel García y su padre.
“También señala pagos y facturas, a la empresa North American Heavy Equipment (NAHE), una empresa operada por Sergio Dávila González, a la cual ha pagado al menos 128.3 millones de pesos al despacho legal de García.
Estos pagos comenzaron justo después de que el gobierno de García asignará a Mota-Engil la construcción de las nuevas líneas del metro”, precisó en tribuna.
“Hay empresas vinculadas, como NAHE, Bemase, así como Comercio y Servicios Industriales Acerta, que también son operadas por Dávila, los cuales han realizado operaciones millonarias y servir de intermediarias con dependencias estatales o proveedores del gobierno”, agregó.
Serrato Flores urgió a las instancias competentes a que también indaguen los pagos realizados por el Gobierno de Samuel García a compañías del Grupo Gentor y a la constructora Mota-Engil México y en caso de encontrar elementos que configuren actos constitutivos de delitos, proceder en contra de quien resulte responsable.
“Se detalla las empresas y sus transacciones están interconectadas, sugiriendo posibles conflictos de interés y prácticas cuestionables en la asignación de contratos públicos, esta evidente práctica de corrupción en contra del pueblo de Nuevo León debe ser investigada y debe de llegar hasta las últimas consecuencias”, precisó en tribuna.
“El Gobernador como lo suele hacer, a través, de sus redes sociales, sale da la cara y dice que ´todas y cada una de las actuaciones que ha hecho este gobierno han sido dentro de la Ley´, y me pregunto, qué lo haga conforme a la Ley no lo deja libre de que el dinero se está triangulando a su beneficio”, expresó.
La diputada local recordó que los proveedores favoritos del mandatario estatal también están relacionados con la dación de pago de un terreno de 17.6 hectáreas ubicado en la mesa de la corona en el municipio de San Pedro.
