El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la discusión sobre la reforma al Poder Judicial exhibe ante la opinión pública las anomalías y procedimientos irregulares en los que incurren jueces, magistrados y ministros.
“Es un asunto que antes no se tocaba, era tema vedado, estaba en el limbo todo lo relacionado con el Poder Judicial. (…) Ya ayer hablé cómo hemos venido limpiando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero nos topamos con el Poder Judicial, que es muy importante porque es el poder encargado de la impartición de justicia y de cuidar que se respete la Constitución, las leyes”, señaló en conferencia de prensa matutina.
“Hemos llegado en nuestro país, como parte de la crisis, de la decadencia, a que ese poder se convirtió en protector de las mafias del poder económico y del poder político. Entonces, se limpia el Poder Ejecutivo de corrupción, se limpia el Poder Legislativo, pero falta limpiar el Poder Judicial porque está mal”, agregó.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que la corrupción en el Poder Judicial mantiene privadas de la libertad y sin sentencia a cerca de 24 mil personas, de las cuales, mil 326 enfrentan procesos federales pendientes de entre cinco y diez años; 2 mil 488 reportan juicios de diez a 15 años; 767 tienen un proceso de 15 y 20 años y 232 personas privadas de la libertad llevan más de 20 años en un penal federal sin obtener resolución
Al respecto, puntualizó el caso de Israel Vallarta, quien suma privado de la libertad 18 años y nueve meses por el delito de secuestro. Su detención se dio durante el montaje difundido en el noticiario de Carlos Loret de Mola con la participación de Luis Cárdenas Palomino, que se desempeñaba como director de Seguridad Federal de la Policía Federal.
También está el caso de Giovanny Fernando Robledo Rodríguez y Paul Uriel Martínez Rodríguez, quienes fueron detenidos el 3 de julio de 2013, acusados de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Luego de 11 años y dos meses, aún no tienen sentencia.
La funcionaria dio cuenta de los casos de delincuentes beneficiados por el Poder Judicial, entre los que resalta el cambio de medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Puebla, Mario “N”, acusado por el delito de tortura cometido en agravio de una periodista. Adicionalmente la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez decidió que elementos de la Guardia Nacional brinden al procesado protección permanente fuera de su domicilio.
Otro caso de corrupción en este rubro es que el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro otorgó un amparo a Emilio “N”, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), para dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en su contra desde 2022, pues consideró que se violaba el derecho a la certeza y seguridad jurídica.
La secretaria Rodríguez Velázquez se refirió a los ‘Sabadazos’, práctica irregular que facilita la salida de personas privadas de la libertad entre viernes y domingo porque las autoridades no pueden hacer una revisión exhaustiva en un plazo de horas fijado por jueces y magistrados sobre otras carpetas de investigación o causas del acusado en las fiscalías estatales.
Por ejemplo, el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández, facilitó la salida de Jannet Miriam “N”, colaboradora de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Se le acusó de peculado y delincuencia organizada; el motivo de su egreso fue el cambio de medida cautelar de prisión preventiva y obtuvo la libertad inmediatamente el viernes 14 de junio de 2024 en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 en Morelos.
Ante representantes de medios de comunicación detalló casos de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión. La jueza Octava de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega Marroquín, otorgó el 30 de noviembre de 2023 un amparo a Francisco Javier “N”, exgobernador de Tamaulipas, para dejar sin efecto una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la jueza, esta orden violentaba derechos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales.
En la exposición la secretaria recordó el caso Colosio. El 4 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, por su probable participación en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial en 1994.
La acusación fue en calidad de coautor material, es decir, segundo tirador, con base en 123 pruebas recabadas; 50 de ellas son contundentes para demostrar su probable responsabilidad. El 5 de enero, el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó la orden de aprehensión y no valoró las pruebas recabadas por la Fiscalía.
El 1 de agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, confirmó la negativa de la orden de aprehensión. Se destaca que la resolución estuvo basada en una normatividad no aplicable para juzgar los hechos ocurridos en 1994 y no efectuó un estudio integral de las pruebas que presentó el Ministerio Público. El Tribunal negó la solicitud de captura en contra de Sánchez Ortega porque no estudió ni valoró las pruebas del recurso de apelación interpuestas por la Fiscalía.
Secretaría de Gobernación evidencia irregularidades en el Poder Judicial
Injerencia en asuntos electorales, trampas en el proceso de selección de jueces, nepotismo, nula disciplina en la actuación de impartidores de justicia y remuneraciones violatorias a la Constitución son las principales fallas que el Poder Ejecutivo busca resarcir a partir de la reforma al Poder Judicial, argumentó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intentó involucrarse en la elección del 2 de junio.
En agosto de este año, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, admitió un recurso del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios de la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso, cuando esto es competencia exclusiva del Tribunal Electoral.
El proceso de selección de jueces está manchado por la venta de exámenes en 186 mil pesos. Además, se han documentado casos de corrupción al más alto nivel en la Escuela Judicial. Derivado de estas faltas, con frecuencia son impugnados los concursos ante la inequidad, influyentismo y carencia de criterios objetivos.
Respecto al nepotismo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reveló en diciembre de 2022 que la mitad del personal, equivalente a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial.
Por ejemplo, el 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen parientes en el Poder Judicial de la Federación. Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan las y los trabajadores, bajo protesta de decir verdad, por lo que se estima que la presencia de familiares políticos, como cuñados, nueras, suegros y yernos no registrados podría ser mayor.
Sobre la vigilancia y sanción del comportamiento irregular de jueces y magistrados, la secretaria explicó que el Consejo de la Judicatura Federal no cumple con su función a cabalidad. De 2004 al 2023 se presentaron 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial, de las cuales se desechó el 86 por ciento sin iniciar una investigación. De las quejas investigadas, el Consejo sancionó sólo a 472 jueces y magistrados.
De enero de 2023 a la fecha, el Poder Ejecutivo, a través de diferentes dependencias, ha presentado ante el Consejo de la Judicatura Federal 72 denuncias contra jueces y magistrados. A la fecha, ninguna ha resultado en una sanción.
En cuanto a las excesivas remuneraciones de altos funcionarios en el Poder Judicial, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violan el artículo 127, fracción II de la Constitución, que establece: «Ningún servidor público podrá recibir remuneración… por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente».
Aunque la reforma data de 2009, el Poder Judicial se ha resistido a cumplir este mandato bajo los siguientes argumentos: que los ministros designados antes de 2009 ya tienen un derecho adquirido; que los ministros designados después de 2009 tendrán diferencias salariales discriminatorias y que hay ambigüedad en los conceptos que integran la remuneración del presidente.
Además de salarios y prestaciones por 460 mil 783 pesos en conjunto, los ministros reciben beneficios adicionales que suman más de 700 mil pesos mensuales, entre alimentos, camionetas, gasolina, telefonía y otros privilegios. En tanto, el presidente de la República recibe al mes 161 mil 538 pesos, considerando sueldo y prestaciones.
El presidente López Obrador aclaró que la reforma al Poder Judicial no pretende despedir a las y los trabajadores.
“Entonces, también que no espanten de que: ‘a ver, se va a despedir a los trabajadores’. No, ni siquiera los familiares. (…) Es arriba, siempre los privilegios se dan arriba y hay que limpiar de privilegios y de corrupción al gobierno, como se barren las escaleras, de arriba para abajo; es cortar el copete de privilegios y se avanza muchísimo y eso es lo que está de por medio”, reiteró.
Aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación denuncia y enfrenta la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública para beneficiar al pueblo.
“La reforma contempla la elección y es también el pensar que la justicia no sólo es despedir gente, no sólo es castigar. La justicia es en mucho prevenir que estas cosas ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas de nuestro país y hay tener confianza en que sí se puede”, enfatizó.
