Ante la actividad ilícita en el Ayuntamiento de San Nicolás, el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano (GLMC) prepara una solicitud que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue al alcalde, Daniel Carrillo, por presuntos actos de corrupción.
Asimismo, se solicitará ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión excepcional al Ayuntamiento de Lampazos, debido al inexplicable enriquecimiento de Adriana Martínez y José Luis Santos, esposos, y quienes figuran como alcaldesa electa y alcalde en turno en este municipio.
Ambos escritos se presentarán en el transcurso de este miércoles.
Al respecto, la Vicecoordinadora y Vocera Oficial de la Bancada Naranja, Sandra Pámanes, señaló que el mal manejo de los recursos públicos es algo que tienen en común los panistas, ya que tanto Daniel Carrillo, como Adriana Martínez y José Luis Santos, pertenecen al PAN.
Este martes, trascendió en distintos medios de comunicación que el alcalde de San Nicolás ha pagado 9 millones de pesos a una empresa consentida.
Los pagos se realizaron a Gonsa del Valle, SA de CV, la cual, según se informa, brinda cualquier tipo de servicio: desde rotulación de vehículos y la producción de artículos promocionales como banderas e impresiones, bolsitas de dulces, hasta la venta de chamarras, y el suministro de pintura y artículos de limpieza.
“La misma información señala la posible inexistencia de dicha empresa, por lo que los pagos a esta puede caer en el supuesto desvió de recursos públicos a través de empresas factureras, modo común de enriquecimiento de manera indebida que ha utilizado el PAN a lo largo de mucho tiempo”
Y en el caso de Lampazos, medios de comunicación han documentado que, a pesar de no tener práctica con empresas o demostrar un ingreso adicional al que tienen como funcionarios, tanto Adriana Martínez como José Luis Santos, han adquirido propiedades millonarias a su nombre.
Pámanes puntualizó que no quitarán el dedo del renglón y exigirán que estos casos se investiguen hasta llegar a las últimas consecuencias.
Es por eso que hizo un llamado a los organismos de la sociedad civil, Consejo Cívico, Grupo de las 6, y Cámaras empresariales para que se expresen y denuncien el robo de recursos públicos sistemático del PAN a través de sus administraciones municipales. La transparencia y rendición de cuentas debe exigirse sin distingos de colores partidistas.
Califica Sandra de excesiva la sanción contra Alejandra Morales, son motivos políticos, asegura
La Vicecoordinadora y Vocera de la Bancada Naranja, Sandra Pámanes, calificó de excesiva la sanción que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) emitió en contra de Alejandra Morales.
El TJA sancionó a Morales, ex regidora y ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Nicolás, con 9 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Pámanes sostuvo que la resolución emitida el 5 de julio por el Magistrado Mario Treviño, obedece más a un asunto político por los vínculos que tiene él con el PRI, partido que está en alianza con el PAN.
Señaló que ya en el pasado ha emitido resoluciones controversiales a favor de sus ex compañeros priistas.
El magistrado Mario Treviño, anterior colaborador del PRI en el Congreso, es conocido porque en el pasado liberó de sanciones administrativas a medio Gabinete de Rodrigo Medina, incluidos Federico Vargas, Rolando Zubirán, Luis Marroquín, entre otros.
“La alianza hace más sospechosa la sanción del TJA, debido a que buscan afectar la carrera política de Alejandra Morales con medidas excesivas”, indicó Pámanes.
Morales fue sancionada por según haber incurrido en violencia política de género en contra de la Diputada local panista, Amparo Lilia Olivares.
Sandra Pámanes señaló que el Magistrado, Mario Treviño, contradice la sanción ya establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, que fue una inhabilitación por tres meses, la cual incluso ya fue cumplida por Alejandra Morales, por lo que no existe materia para ser sancionada de esta manera por el Tribunal.