Nuevo León sigue sin un Fiscal General debidamente nombrado, a casi dos años de la renuncia de Gustavo Guerrero, y siguen prevaleciendo las condiciones que entorpecen el proceso de designación. Por ello, expresamos nuestra exigencia para que:
- El proceso de nombramiento se realice en estricto apego a la Constitución y a las Leyes vigentes en nuestro Estado, y que el Poder Legislativo y el Ejecutivo se comprometan a que así sea.
- Se emita una nueva convocatoria, respetando el espíritu de la Ley, para contar con un Comité de Selección verdaderamente autónomo, independiente y objetivo integrado por nueve ciudadanos y ciudadanas de intachable reputación y trayectoria.
- El Pleno del Congreso local lance una convocatoria para conformar un nuevo Comité de Selección, ya que actualmente solo tiene cuatro integrantes tras la renuncia de cinco miembros hace más de cuatro meses. Recordamos que la Constitución y las Leyes establecen la participación de este Comité como órgano colegiado de nueve personas.
- Una vez que el Comité de Selección esté debidamente integrado, le pedimos al Gobierno del Estado actuar en estricto apego a la Ley y entregar las Cartas de No Antecedentes Penales a todas aquellas personas candidatas que, cumpliendo los requisitos, las soliciten.
- La Comisión Anticorrupción del Congreso local mejore sustancialmente el método para seleccionar, filtrar y clasificar a las personas candidatas en función de la evaluación y de los perfiles con absoluta transparencia, rindiendo cuentas a la ciudadanía, e invitando a organizaciones civiles, líderes cívicos y académicos, a estar presentes a lo largo del proceso en muestra de buena fe.
La trascendencia de este nombramiento obliga a las partes involucradas a actuar con estricto apego a la Ley y con la altura ética que amerita este el proceso, así como a dar cuenta a la ciudadanía de Nuevo León de sus acciones y decisiones. Nuevo León merece una Fiscalía General de Justicia independiente, que opere con integridad y respeto a los derechos humanos. Cualquier persona que sea nombrada por medio de un proceso viciado, sin apego a las leyes, y sin transparencia, llegará al cargo con una legitimidad cuestionable, y pone en riesgo el funcionamiento de la Fiscalía.
