Desde hace semanas, se han revelado en diferentes medios esquemas de triangulación de recursos entre empresas proveedoras del estado y negocios familiares del gobernador. Actualmente, no hay información pública sobre investigaciones en curso por parte de la Auditoría Estatal, la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, la SAT o la UIF.
Desde Consejo Cívico consideramos que el gobernador tiene la responsabilidad de aclarar estos señalamientos a la ciudadanía de Nuevo León, así como el crecimiento significativo de su patrimonio desde que es funcionario electo. Esto incluye a sus familiares, quienes deben explicar la relación de sus negocios con empresas proveedoras del Estado.
Exhortamos al gobernador a clarificar el origen de su patrimonio y su relación con los despachos de abogados de los que era socio antes de ser funcionario electo, para evitar posibles conflictos de interés. Asimismo, solicitamos a la Contraloría Estatal que investigue todas las empresas mencionadas en medios, revise montos cobrados y servicios entregados, y garantice la selección de las mejores opciones para contratos de obra pública y adquisiciones.
Pedimos a la Secretaría de Administración una presentación pública de los mecanismos de prevención y detección de conflictos de interés y corrupción en los procesos de compras y asignación de obra pública, especialmente en la contratación de empresas fantasmas o EFOS.
Solicitamos a las autoridades de investigación antes mencionadas que informen a la ciudadanía si se han iniciado investigaciones sobre la supuesta corrupción y abuso de poder señalados en medios. Este tipo de impunidad fomenta casos como el del alcalde de Lampazos, quien heredará el cargo a su esposa tras ser señalado de construir un complejo departamental en Texas cuyo valor supera sus ingresos como funcionario público.
La ciudadanía de Nuevo León exige respeto al Estado de derecho, una rendición de cuentas y que los gobernantes demuestren con hechos su compromiso de servir a la ciudadanía y no a intereses personales. Exigimos del gobierno una gestión virtuosa, que procure el bien común y represente siempre los intereses de la ciudadanía.
