Gobiernos municipales priistas de Nuevo León y del país, entre ellos el de Monterrey de Adrián De la Garza, entregaron a la empresa fantasma Murata, decenas de millones de pesos por servicios distintos al perfil declarado por esta, conformando una gran red de corrupción, denunció Movimiento Ciudadano.
En su página de internet, que ya fue borrada, Murata establecía como su perfil de servicios, que era una empresa de corte naval militar: incursiones marítimas a objetivos litorales, toma de embarcaciones marítimas en altamar o en puertos, salvaguarda de instalaciones estratégicas litorales y protección de sitios críticos en aguas territoriales.
Su perfil, agregaba la página, estaba enfocado además a tareas que propiamente se pueden considerar de “espionaje”: “Establecer y formar metodológicamente y tecnológicamente equipos especiales con el propósito de reunir inteligencia civil para dominar áreas con capacidades encubiertas…”
Sin embargo, los municipios priistas y el gobierno de Nuevo León de Jaime Rodríguez le contrataron para asesorarles y capacitarlos en actividades totalmente diferentes como: Taller: Fortaleciendo familias, suministro de kits de primer respondiente, es decir de salud, taller sobre accidentes automovilísticos y equidad de género.
Miguel Alfonso Meza, Consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción dijo que a Murata le fueron entregados por municipios y gobiernos de la vieja política 116.7 millones de pesos en contratos entre el 2017 y 2019.
De estos, en suma, los gobiernos priistas de municipios de Nuevo León y el “independiente” de Jaime Rodríguez Calderón, un priista encubierto en una falsa independencia, le otorgaron contratos por $58.6 millones de pesos.
Meza desglosó los montos que los de la vieja política le entregaron a Murata de la siguiente manera: Monterrey, cuando Adrián De la Garza era alcalde, $10 millones de pesos; Guadalupe con Francisco Cienfuegos $8.1 millones, Juárez de Heriberto Treviño $2.1 millones; Santiago, de Javier Caballero $1.2 millones, Guadalupe con Cristina Díaz $0.4 millones y el gobierno de Rodríguez Calderón $46.8 millones.
Además, la propia Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, controlada por el grupo de Adrián De la Garza, entre el 2018 y 2019, firmó contratos con Murata por $26.7 millones de pesos. Dicha empresa, que encaja perfectamente con las características de fantasma, agregó Meza y el propio Sistema de Administración Tributaria la declaró como tal el 18 de marzo del 2021.
“Murata fue declarada como empresa fantasma en 2021 por el SAT, este es el oficio (oficio 500-05-2021-5303) donde el SAT determinó que todas sus operaciones eran inexistentes y, por lo tanto, todos los comprobantes fiscales que habían emitido eran falsos”, explicó Meza.
Además, existen evidencias, indicó Meza, de que Murata opera a través de un prestanombres o que usaron el robo de identidad para su constitución, toda vez que quien aparece como su representante legal es Nino Paolo Ferrari Rodríguez, pero su firma del INE no coincide con la de los contratos.
El propio Nino Paolo en sus redes sociales habría señalado que fue víctima de robo de identidad y se describe como tatuador, aficionado a la fotografía y músico.
Detrás de la fachada de la empresa fantasma, insistió Meza, podrían estar servicios de espionaje contratados por los de la vieja política de Nuevo León.
“Es importante (señalar) esta acusación que aún no puede ser corroborada de que detrás de todo esto, lo que se escondía era la venta de sistemas de espionaje como Pegasus”, recalcó.
Por su parte Glen Villarreal Zambrano, candidato a diputado local por el Distrito 10, dijo que la corrupción de los priistas es un cáncer, al que los naranjas de Nuevo León se han comprometido a erradicar.
“Los naranjas de Nuevo León, ya nos comprometimos a que nunca más vamos a volver a dejar que estas mafias del PRIAN controlen las fiscalías, por todo esto insistimos en la necesidad de sacar, de una vez por todas, a la vieja política de Nuevo León”, advirtió.
