Para establecer por ley los derechos laborales de personas con discapacidad, la Diputada local del PRI Ana González González presentó iniciativa de Reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo y a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
A través de las iniciativas que fueron presentadas en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo se propone procurar la inserción laboral de las personas con discapacidad, por mandato de ley, se establezcan ofertas de empleo con inclusión, sin discriminación y respeto a los derechos humanos, ya que actualmente no existen ajustes razonables en la mayoría de las empresas, ni en el gobierno del Estado que les permita tener un empleo digno.
“También se busca que las personas con discapacidad tengan acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, que las empresas cuenten con la infraestructura necesaria y adecuada para el desarrollo de las funciones”, puntualizó.
“Garantizar que en los centros de trabajo con 50 o más empleados por lo menos el 5% de la plantilla laboral sean personas con discapacidad y se otorguen incentivos fiscales a empresas que empleen a personas con discapacidad, como lo son subsidios en el pago del Impuesto Sobre Nómina, Subsidio total o parcial del pago por concepto de derechos de inscripción en el Instituto Registral y Catastral del Estado”, agregó.
González González detalló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay alrededor de 21 millones de personas con discapacidad. A pesar de que el 16% de la población se encuentra en esta condición, las personas con discapacidad tienen más dificultades para insertarse en el mercado laboral y, cuando lo logran, sus probabilidades de tener un empleo formal y de buenos ingresos es baja.
Precisó que sólo el 19% de los trabajadores con discapacidad cuenta con un empleo formal y su ingreso mensual promedio tiende a ser menor entre la fuerza laboral con alguna limitación, según un diagnóstico realizado por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
“Hay que hacer los cambios pertinentes en la legislación de manera que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás”, afirmó.
“Una persona con discapacidad puede argumentar que el Estado, y a través de éste y otros agentes, incluido el sector privado, están obligados a tomar las medidas necesarias para adaptarse a su situación específica”, añadió.
La legisladora priísta precisó que los Estados deben realizar acciones positivas a fin de garantizar que se ofrezcan a las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades de empleo en el mercado laboral incluso, exigiendo que el entorno del lugar de trabajo esté adaptado y sea accesible para dichas personas, además de contar con el apoyo o ayuda técnica correspondiente.
