En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, desde Consejo Cívico observamos que en Nuevo León el Sistema Estatal Anticorrupción (SEANL) existe sólo desde las leyes que lo crean pero no opera, pues a cinco años de haberse instalado formalmente y contando para este 2023 con un presupuesto estatal de 902 millones 657 mil 590 pesos para los “programas que contribuyen a la lucha contra la corrupción”, no se han cumplido los objetivos con los que se originó este mecanismo. Prueba de ello, es que no se desarticuló una sola red de corrupción en nuestra entidad.
El Sistema Nacional Anticorrupción tampoco ha dado los resultados esperados, y en los últimos cinco años ha estado sometido a intensas presiones desde la presidencia de la república, amenazando incluso con desaparecerlo.
Si bien sabemos que las instituciones requieren un largo tiempo de maduración para alcanzar su adecuado funcionamiento, así como de profesionalización constante y herramientas adecuadas para los funcionarios responsables, lo que más hace falta en Nuevo León y en México es la voluntad política para poner en práctica las promesas de campaña que siempre se hacen, donde se promete luchar contra la corrupción.
Lo anterior se demuestra en los procesos de selección que ha llevado a cabo todas las legislaturas del Congreso de Nuevo León para nombrar titulares de órganos supuestamente autónomos que nacieron en 2017, precisamente de la reforma constitucional donde se crea el Sistema Estatal Anticorrupción. Desde entonces, todas las legislaturas han repetido el mismo patrón: procesos opacos sin una metodología basada en mejores prácticas, llevados a cabo en fast track y que resultan en nombramientos basados en cuotas de partidos políticos, y no en el mérito o el perfil idóneo para el puesto.
Es lamentable que la clase política de Nuevo León mantenga los mecanismos institucionales de combate a la corrupción entre la captura partidista y la inoperancia, cuando la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI revela que la ciudadanía nuevoleonesa tiene cada vez más contacto con algún servidor público con el cual experimenta al menos un acto de corrupción, pues la tasa de prevalencia fue de 10,714 por cada 100 mil habitantes en 2021, contrario a los 6,328 registrados en 2013. Es decir que en ocho años, la corrupción en Nuevo León creció 59%, a un ritmo promedio de 548 actos de corrupción más por año.
Ante esta lamentable situación, el próximo miércoles 13 de diciembre, de 12:00 del mediodía a 1:30 de la tarde, en Consejo Cívico convocamos a un diálogo sobre cómo, desde la participación ciudadana, se ha buscado una institucionalización y fortalecimiento de las instituciones que previenen, detectan y sancionan el combate a la corrupción en Nuevo León, donde además reflexionaremos sobre los aprendizajes que nos ha dejado esta experiencia en los últimos siete años y las posibles rutas de solución hacia el futuro.
Este diálogo denominado “¿Quién quiere desaparecer al SEAL?” se llevará a cabo en la Sala Conversatorio del LAB NL y tendrá como panelistas a Luis García Campuzano, ex consejero de Consejo Cívico Nuevo León, Cecilia Carrillo,
Directora de Coparmex Nuevo León, y Luis Ávila, Director de Cómo Vamos Nuevo León, y a Daniela Mendoza, Directora y Fundadora de Verificado MX.
