Jessica Martínez Martínez en compañía de las legisladoras locales del PRI, Perla Villarreal, Gabriela Govea, Lorena de la Garza, Ana González y Elsa Escobedo, así como de la panista Nancy Olguín, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para eliminar el delito de rapto a fin de evitar discrepancia en las penas.
El rapto actualmente se define en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, como el hecho de quien se apodera de una mujer por medio del uso de la violencia física o moral, la utilización de la seducción o engaño con el objetivo de satisfacer algún deseo erótico – sexual y con penas desde los seis meses y hasta los seis años de prisión.
En el documento entregado, las promoventes puntualizaron que la abolición del delito de rapto es esencial para que estos actos sean reconocidos como privación ilegal de libertad, ya que mantener el delito de rapto beneficia a los perpetradores al imponer penas menores en comparación con las asociadas a la privación de la libertad, lo que es incongruente.
“No es un buen mensaje para la sociedad que la sustracción de una menor de edad sea de apenas unos meses, porque se entiende que existe tolerancia a este tipo de violencias, completamente contrario a los objetivos de nuestro país y nuestro estado.” establece el documento.
Igualmente, se puntualizó que, el delito de rapto está lejos de reflejar la situación actual de los derechos y libertades conquistadas por las mujeres, además que el citado delito trae consigo una carga de estereotipos de género que no van acordes a realidad actual.
El documento destaca, que en 1991 se derogó del Código Penal Federal el delito de rapto reconfigurandolo a privación ilegal de la libertad, situación similar que sucedió en los estados de Zacatecas, Sinaloa, Chiapas, Colima y Sonora.
Por otra parte, el Estado de Hidalgo se encuentra en estudio una iniciativa que busca la derogación del dicho delito, por lo que se considera necesario que en Nuevo León se hagan los esfuerzos necesarios para su derogación.
