Los organismos del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil hacemos un enérgico llamado a los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Nuevo León, para que privilegien el respeto irrestricto al Estado de Derecho con el objetivo común de trabajar por el bien de nuestra entidad.
Condenamos de manera enérgica cualquier acto de violencia causado por una lucha entre poderes que pone en riesgo la integridad de las personas y genera ingobernabilidad; los recientes actos suscitados durante la sesión del congreso del estado, atentan contra los principios democráticos fundamentales y el ejercicio de un poder soberano. Enfatizamos: ningún tipo de violencia, intimidación o coerción deben presentarse en nuestro estado.
La suprema corte ha emitido una sentencia que confirma lo que establece la Constitución del Estado: ante la solicitud de licencia del gobernador por más de 30 días naturales, corresponde al congreso del estado nombrar al ciudadano que reúna los requisitos correspondientes para que se encargue interinamente del poder ejecutivo. Continuar con la judicialización del caso no es conducente a la civilidad y el diálogo que la ciudadanía de Nuevo León merece.
Actuar con ética profesional y perseverar en el trabajo son valores que distinguen a los neoloneses. Cada gubernatura y legislatura en turno tienen, en conjunto, la gran responsabilidad de seguir impulsando nuestro crecimiento y el de nuestro país. Demostremos que en Nuevo León el interés público está por encima de los intereses políticos y personales.
La sociedad civil y la iniciativa privada que suscribimos estaremos atentos al actuar en conjunto de los poderes ejecutivo y legislativo, expectantes del cumplimiento legal que permita las condiciones de gobernabilidad que los neoloneses exigimos y merecemos.
