Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI del Congreso del Estado libre y soberano de Nuevo León exigen al gobierno de Nuevo León respetar rigurosamente los principios de institucionalidad y de legalidad en el nombramiento del gobernador interino. El gobierno estatal debe acatar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han resuelto claramente que la atribución del nombramiento del gobernador interino corresponde exclusivamente al congreso de Nuevo León.
La interpretación manipulada y engañosa que pretende hacer el gobierno estatal sobre un mandato legal solo tiene el objetivo de confundir y polarizar a nuestra sociedad. Actualmente el estado atraviesa por momentos críticos, derivado de diversas malas decisiones y acciones de Samuel García, que generaron un clima de ingobernabilidad y crisis política, por lo que es inaceptable agravar aún más la situación actual mediante una franca violación a nuestra constitución.
Por otro lado, es de primordial relevancia dar a conocer que el gobierno estatal ha utilizado el presupuesto para presionar a los municipios. En la Ley de Egresos de 2023 se aprobó un fondo de 2 mil 500 millones de pesos destinados a proyectos municipales prioritarios en materia de seguridad, infraestructura y movilidad que continua sin ser liberado y que el gobierno del NL pretende utilizar como medio de presión y moneda de cambio para imponer a un gobernador interino La omisión deliberada de la entrega de recursos afecta directamente a cientos de miles de personas que no pueden ser rehenes de proyectos políticos personales, como ir a buscar una candidatura presidencial. Esta violación a la Ley de Egresos es un acto doloso de una preocupante irresponsabilidad social, política y económica que traerá consecuencias jurídicas.
Una vez más exigimos el cese definitivo al uso político de las autoridades estatales en contra de quienes no se someten a la voluntad del gobierno estatal, es inadmisible en toda sociedad democrática el amenazar y amedrentar a fuerzas políticas de oposición. La persecución política en Nuevo León ha sido evidente y los ciudadanos conocen muy bien la campaña de persecución, ataque y desprestigio orquestada desde el gobierno del estado.
La designación del Gobernador Interino por parte del poder legislativo debe ir de la mano con el compromiso de poner fin a la persecución y que se garantice plenamente el respeto a los derechos políticos y humanos.
Aceptar el diálogo no implica un cheque en blanco. Como legisladores de oposición demandamos un compromiso real con la democracia, la legalidad y el bienestar de la población. La ley no se negocia, la ley se cumple.
