Desde las dirigencias estatales y grupos legislativos del PRI, PAN y PRD manifestamos nuestra total voluntad y disposición de atender el llamado de organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil a la gobernabilidad y respeto al estado de derecho.
Antes del Gobierno de Samuel García, Nuevo León nunca había atravesado una crisis de ingobernabilidad como la que hoy vivimos y lo cierto es que, si bien siempre han existido puntos de vista e ideas contrastantes entre los partidos y actores políticos, también siempre se había logrado un diálogo constructivo que durante décadas permitió construir el estado líder, vanguardista e industrial que hoy disfrutamos y del que nos sentimos orgullosos.
El liderazgo de Nuevo León se logró durante gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, conciliando diferencias, encontrando coincidencias, y siempre, absolutamente siempre, respetando la ley.
Nuestras diputadas y diputados del Congreso del Estado de Nuevo León han actuado en estricto apego a la ley, porque estamos convencidos de que nadie puede estar por encima de ellas, sin embargo, no ha sido el caso del Gobierno del Estado que encabeza el Gobernador Samuel García; lamentablemente y en perjuicio de Nuevo León, las autoridades estatales sistemáticamente han infringido la Constitución Local y la ley, siendo algunos ejemplos de estos casos los siguientes:
– Se ha omitido arbitrariamente la publicación en el Periódico Oficial del Estado de más de 200 decretos y acuerdos aprobados por el Congreso del Estado.
– Se han vetado decretos o acuerdos aprobados por el Congreso del Estado en materias en las que la Constitución Local lo prohíbe.
– A pesar de que la Constitución Local obliga al Gobernador a presentar el presupuesto de egresos del año siguiente a más tardar el 20 de noviembre, en 2022 y nuevamente en 2023, no se presentó.
– Trata de imponer al Secretario General de Gobierno como encargado del despacho, en desacato a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya determinaron que el Congreso del Estado es el único facultado para nombrar a un Gobernador Interino.
– La Tesorería Estatal ha congelado cuentas de municipios gobernados por el PRI y el PAN, así como cuentas personales de legisladores y actores políticos de estos partidos, utilizando para ello procedimientos ilegales que violan el debido proceso.
– El Gobernador Samuel García, el Secretario General de Gobierno Javier Navarro, así como otros funcionarios del gobierno estatal, han inventado actos para ampararse en Reynosa, Tamaulipas y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
– A través de las secretarías de Medio Ambiente, del Trabajo, de Salud, la Tesorería Estatal, Protección Civil y Agua y Drenaje se han realizado más de 350 actos de molestia (clausuras, suspensiones, inspecciones, colocación de reductores de agua, etc.) dirigidos a personas vinculadas a la oposición para amedrentar e intentar someter voluntad al partido del Gobernador.
– El gobierno estatal ha retenido la entrega de recursos presupuestales a municipios gobernados por el PRI y el PAN, esto a pesar de existir determinaciones judiciales que ordenan entregarlo. Esta situación ha retrasado obras públicas y proyectos de seguridad.
Esta serie de ilegalidades son una falta de respeto a la ciudadanía de Nuevo León, tienen que terminar.
Reiteramos nuestro compromiso de acudir a cualquier llamado que tenga la finalidad de generar un ambiente de gobernabilidad para nuestro estado, teniendo como premisa fundamental el respeto a la ley.
