A dos años del inicio del sexenio de Samuel García, el Gobierno estatal ha fortalecido las condiciones y los espacios para que la sociedad civil organizada pueda realizar su labor de mejor manera y en un contexto abierto a la colaboración con el Gobierno estatal.
Al instalarse el primer Consejo Consultivo de Fomento a la Sociedad Civil el pasado 27 de septiembre, Nuevo León terminó de habilitar todos los mecanismos institucionales de coordinación entre organizaciones y gobierno, tal como lo marca la Ley estatal de Fomento a la Sociedad Civil Organizada. El sector social tiene representatividad para analizar, impulsar, integrar, sugerir y coadyuvar en la agenda pública con los resultados de su trabajo en torno a las 26 actividades propias de su ramo, como la asistencia social, la transparencia, la rendición de cuentas, entre otras.
El Estado también asignó más de 200 millones de pesos del presupuesto público a proyectos ejecutados por organizaciones civiles encaminados a resolver las principales problemáticas que enfrenta la ciudadanía. Este monto equivaldría a una coinversión de 319 mil 488 pesos para cada una de las 626 asociaciones donatarias registradas ante el SAT en Nuevo León. Estos fondos cada año se reparten entre organizaciones civiles que los invierten en proyectos sociales alineados a las prioridades de desarrollo social de Nuevo León. Esta inversión social coadyuva al fortalecimiento y sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil del estado.
Otro elemento clave de este contexto favorable ha sido la creación de una Secretaría de Participación Ciudadana, que ha buscado en forma activa generar cada vez más espacios de colaboración e impulsar las herramientas de la Ley de Participación Ciudadana, por lo cual Nuevo León brincó cinco puestos en el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023 de INEGI y se posicionó a nivel nacional como la entidad con mayor número de canales que la impulsan y facilitan, a través de herramientas como los ejercicios participativos, órganos y consultas ciudadanas, entre otros promovidos por secretarías estatales como las que integran el Gabinete de Igualdad para Todas las Personas.
Los avances alcanzados han posicionado a Nuevo León como un referente nacional en términos de participación ciudadana y colaboración entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, los retos continúan y las transformaciones sociales no se dan a corto plazo, por lo que es necesario que este marco de colaboración para el bien social siga, se expanda y fortalezca, con acciones y espacios que permitan cada vez más el involucramiento de la ciudadanía en las decisiones públicas. Gobierno y sociedad civil deben permanecer observantes en los derechos, obligaciones y compromisos conjuntos para hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir.
