Los organismos firmantes nos dirigimos a la opinión pública y a las autoridades de los tres niveles de gobierno para manifestar nuestra profunda preocupación ante la creciente ola de inseguridad que afecta a nuestro querido Estado de Nuevo León.
Hacemos un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la Fiscalía del Estado y al Poder Judicial, a fortalecer la coordinación y colaboración en materia de seguridad. La suma de esfuerzos entre las diferentes instancias gubernamentales es fundamental para abordar de manera efectiva esta situación.
Solicitamos a las autoridades informen respecto a las medidas concretas que están implementando o las que desarrollarán para combatir la inseguridad. Ante el crecimiento de los hechos delictivos durante el mes de septiembre, es necesario analizar si estamos en la ruta correcta para evitar los niveles de inseguridad que vivimos en el pasado.
La experiencia previa nos enseñó que la colaboración y la comunicación transparente entre las autoridades, sector privado y la sociedad son fundamentales para superar este desafío.
La seguridad es un tema que trasciende cualquier interés partidista y requiere de un compromiso unificado en beneficio de la sociedad.
Reconocemos los esfuerzos realizados por el gobierno del estado, así como por las mujeres y hombres de las diferentes fuerzas policiacas, que han derivado en la disminución de los índices delictivos, particularmente en los relacionados con los delitos patrimoniales, sin embargo, nos preocupan los casos de delitos de alto impacto como los homicidios dolosos que son una afrenta directa a la sociedad de Nuevo León y representan un riesgo para la sana convivencia y el desarrollo óptimo de la actividad económica.
En el contexto del nearshoring, en el que Nuevo León ha buscado consolidarse como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo económico, esta situación representa un obstáculo que debemos superar para mantener y fortalecer nuestra competitividad en el ámbito internacional, además de garantizar a la población del estado condiciones de vida y de tranquilidad óptimas para su sano desarrollo.
El sector privado y la sociedad civil organizada siempre estaremos dispuestos a colaborar activamente en la construcción de soluciones que permitan superar los desafíos actuales en materia de seguridad y de esta forma, garantizar que prevalezca el estado de derecho en Nuevo León, una condición indispensable para el desarrollo y bienestar.
