La diputada local del PRI, Jessica Martínez Martínez, exhortó al gobernador Samuel García, para que instale de manera inmediata la Comisión que debe coordinar los actos para el cumplimiento y vigilancia integral de la Ley de Amnistía, y con esto se inicie de manera pronta y expedita, los trabajos para recibir las solicitudes, analizarlas y dictar amnistía en los casos que la propia Ley determine.
Para que la Ley de Amnistía empiece a surtir efecto es necesario la instalación de una Comisión integrada por el Poder Judicial del Estado, el Poder Legislativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal de las Mujeres, así como del propio Poder Ejecutivo, la cual se encargará de recibir las solicitudes, analizarlas y dictar amnistía en los casos que la propia Ley establece.
La Legisladora del PRI detalló que la Comisión no ha sido instalada por el Ejecutivo Estatal como se mandata en el artículo tercero transitorio, el cual indica que debe instalarse a los 90 días posteriores a la entrada en vigor, plazo que ya venció, pues debió ser instalada en febrero del presente año 2023.
“Es urgente que ya se instale la Comisión, se desconoce a ciencia cierta cuales sean hasta el momento las consideraciones para no ponerla en marcha aún, pues, por ejemplo, no requeriría presupuesto, sólo la voluntad de realmente cumplir con la Ley; sea empático y garantice los derechos de quienes pudieran acceder al beneficio de la amnistía, pues en ellas y ellos, se encuentran ciudadanas y ciudadanos que también son neoloneses”, apuntó la diputada tricolor.
“Se necesita que la Comisión que se encargará de recibir, analizar y otorgar en su caso la Amnistía, quede instalada cuanto antes, pues tenemos una deuda muy grande con aquellas personas de Nuevo León, que han sido sentenciadas a una pena privativa de la libertad, con base en un proceso judicial con vicios y poco transparentes”, aseveró.
En el documento entregado en la Oficialía de Partes del Congreso local, la legisladora priista, estableció que los beneficios de la ley son la extinción de las acciones penales y sanciones impuestas a quienes hayan cometido delitos configurados en el artículo uno de dicha Ley.
