Para que el robo a escuelas sea considerado un delito federal y amerite prisión preventiva, la diputada local del PRI, Ivonne Álvarez García, presentó iniciativa de reforma a la Constitución Federal, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal.
La legisladora priísta detalló que con la iniciativa de reforma busca garantizar el derecho a la educación y a la seguridad de las niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas en la República Mexicana.
“En la iniciativa que estoy presentando propongo que el robo a instituciones educativas sea considerado un delito federal que amerite prisión preventiva oficiosa, y también se propone su definición, para reforzar la protección de las escuelas a nivel nacional, ya que esta conducta antisocial, vulnera gravemente la educación y el desarrollo de las niñas, niños y jóvenes en México, y a su vez genera un daño patrimonial al estado”, apuntó la legisladora local.
“Los robos a las escuelas son una muestra más de esta situación de inseguridad y violencia que vulnera los derechos humanos y civiles de los ciudadanos y que erosiona la confianza en las instituciones públicas encargadas de garantizar la seguridad y la justicia”, aseveró.
De acuerdo a datos recopilados de las Fiscalías Estatales y las Secretarías de Educación, por ejemplo, entre marzo de 2020 y marzo del 2021, en México se registraron 7 mil robos a planteles educativos,
Álvarez García puntualizó que aún y cuando el robo a las escuelas es un problema recurrente y creciente en México, no existe una estrategia integral, ni coordinada entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentarlo.
La iniciativa de reforma que fue entregada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado contempla modificar el artículo 19 de la Constitución Federal, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y agregar un artículo 381 sexties al Código Penal Federal para imponer sanciones a quien cometa un robo en planteles educativos.
“Estoy proponiendo que se establezca una sanción de uno a 10 años a quien se apodere de uno o más bienes de las instituciones educativas cuyo valor sea mayor a los 5 mil pesos”, precisó.
“Esa misma sanción se aplicaría para quien robe algún objeto que sea utilizado para la prestación de servicios de alumbrado, agua potable, drenaje, gas natural o señalización de cualquier escuela”, agregó.
La legisladora priísta afirmó que los robos a las escuelas generan un círculo vicioso entre pobreza, desigualdad y violencia que afecta el desarrollo sustentable del país.
